Fernanda Durán
La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este viernes por la tarde el dictamen final de la iniciativa presentada por la diputada María Dolores Robles Chairez, para adicionar los artículos 40 y 41 al Decreto 0037 del Presupuesto de Egresos 2025 y reformar la Ley de Ingresos, con un incremento total de recursos a 70 mil 524 millones 814 mil 600 pesos, es decir, un aumento del 11.3 por ciento respecto al ejercicio anterior.
El proyecto, que en un inicio se presentó como una medida para garantizar el pago de la aportación estatal a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), las homologaciones salariales del magisterio, la transición del sector salud hacia el sistema IMSS-Bienestar, y la creación de la Secretaría de las Mujeres, terminó ampliando las facultades de la Secretaría de Finanzas para realizar adecuaciones presupuestarias “para pagar los recursos derivados de situaciones extraordinarias que podrían afectar negativamente la estabilidad financiera de la entidad”.
Durante la lectura del dictamen, el secretario técnico de la comisión expuso que la reforma también implica modificaciones a los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 9 del decreto presupuestal, con incrementos en los montos destinados al Poder Legislativo, al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), al Poder Judicial, al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), y a la UASLP.
“Lo que nos hace llegar la dependencia en el caso de los ingresos es que suben los ingresos por el orden de 70 mil 524 millones 814 mil 600 pesos, esto se deriva de un crecimiento en el impuesto sobre la nómina y el derecho por control vehicular, y lo demás viene del orden federal”, señaló el funcionario técnico al leer el documento base.
El nuevo artículo 41 del decreto faculta a la Secretaría de Finanzas a realizar “las adecuaciones presupuestarias necesarias” para afrontar contingencias financieras, sin establecer criterios técnicos, indicadores o mecanismos de control legislativo para su aplicación.
- El Artículo Segundo del dictamen reforma los artículos 2, 4, 5, 6, 7 y 9 del Decreto 0037, además de adicionar los nuevos artículos 40 y 41, con las siguientes asignaciones:
- Artículo 2: el gasto neto total asciende a 70 mil 524 millones 814 mil 600 pesos, equivalente al total de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos.
- Artículo 4: el Poder Legislativo contará con 327 millones 103 mil 150 pesos, incluyendo incrementos salariales, prestaciones y gastos básicos de operación. Lo que representa un aumento de 10 millones de pesos a lo aprobado para este ejercicio fiscal, el congreso habría solicitado un incremento en su momento, pero 8 millones de eso se habían prometido para consultas.
- Artículo 5: el IFSE dispondrá de 303 millones 055 mil pesos, con previsiones por incrementos salariales y obligaciones laborales.
- Artículo 6°: el Poder Judicial ejercerá 1 mil 459 millones 716 mil 312 pesos, que incluye los costos de transición derivados de la reforma judicial.
- Artículo 7°: las autoridades electorales y partidos políticos recibirán 354 millones 785 mil 562 pesos, de los cuales 74.6 millones corresponden al gasto ordinario del (Ceepac) y 110 millones al proceso electoral extraordinario por la reforma judicial.
- Artículo 9: la UASLP contará con una asignación estatal de 506 millones 155 mil 546 pesos, mientras que el subsidio federal será el que apruebe la Cámara de Diputados. Prometiendo así el monto total del convenio de colaboración federación-estado.
La diputada Gabriela López Torres, integrante de la comisión por Morena, advirtió la ambigüedad de los términos aprobados:
“Observo una ambigüedad normativa y falta de delimitación técnica respecto de expresiones como ‘situaciones extraordinarias’ y ‘adecuaciones presupuestarias necesarias’, sin establecer una definición legal o parámetros técnicos para su interpretación”, señaló.
López Torres agregó que su voto sería en abstención, al no haberse tenido tiempo suficiente para analizar las cifras incorporadas al dictamen.
“Observo ausencia de criterios medibles, indicadores, que nos puedan tal vez en un futuro ayudar a saber si hay un límite también de estos gastos extraordinarios. Porque insisto, el tema que me resulta extraordinario podría ser el tema de la contingencia debido a los desastres naturales y que desde un presupuesto en una ley de ingresos y egresos ya debe estar previsto y se prevé al momento de presentarla. Sin embargo, esto es lo que yo pondría sobre la mesa, lo que me sigue quedando bastante ambiguo y bastante duda”.
Pese a las observaciones, la mayoría de las diputadas oficialistas del Partido Verde, Partido del Trabajo, Nueva Alianza, así como Acción Nacional, aprobaron el dictamen con el argumento de que se trataba de un procedimiento técnico necesario para armonizar los anexos presupuestales antes de la recepción del paquete económico 2026.
Durante la sesión, el diputado Crisógono Pérez López, de Nueva Alianza, cuestionó que el dictamen no incluyera los adeudos con el magisterio que habían sido mencionados el día anterior por la directora general de Planeación y Presupuesto, Damaris Grajeda.
Aunque las diputadas del Partido Verde presentes y representantes de la Secretaría de Finanzas le aseguraron que “sí estaba contemplado”, el documento final no incluyó ninguna referencia al rubro magisterial.
“Por parte de ella, que dentro de estos extraordinarios estaba adeudos que se tenían con los maestros, así lo expresó con los maestros del magisterio, y ahorita en la lectura que hacen del documento, de las adecuaciones que se hicieron, no escucho que venga marcado esto, pero ayer sí se mencionó. Entonces, sí me gustaría que también esto que mencionó Damaris ayer, pues que también sea inserto en lo que se está ahorita proponiendo. Nada más sería eso”, dijo antes de emitir su voto.
Durante la discusión, la directora general de Planeación y Presupuesto, Damaris Grajeda, respondió al diputado que la ausencia de montos específicos sobre los pagos al magisterio no significaba que el tema quedara fuera del decreto, sino que estos recursos estaban integrados de forma general dentro de los capítulos administrativos.
“Ya la ley está dividida por los medios generales, por el panorama económico, por cómo vamos a estar llevando las finanzas, y en la parte del articulado únicamente se pone de manera muy específica el monto que van a tener los poderes y los autónomos”, explicó.
Añadió que “la parte del SEER sí se está considerando, más no aparece o no se plasman los montos directamente en un articulado, ya viene dentro de lo demás, que sería prácticamente el capítulo mil, que lo maneja la Oficialía Mayor”.
Pese a ello, Pérez López votó a favor del dictamen confiando en la promesa de que el tema sería incorporado en los anexos técnicos.
El dictamen aprobado establece un artículo tercero transitorio que concede al Poder Ejecutivo 20 días hábiles posteriores a la publicación del decreto en el Periódico Oficial “Plan de San Luis” para realizar las armonizaciones presupuestales correspondientes.
Durante ese plazo, la Secretaría de Finanzas deberá conciliar los anexos y clasificadores presupuestarios, conforme a la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“Ahorita están en la elaboración del presupuesto de egresos 2026, por ende se da este plazo”, precisó el secretario técnico.
La votación se resolvió por mayoría, con una abstención de la diputada Gabriela; el dictamen quedó aprobado por las diputadas María Dolores Robles Chairez, María Leticia Vázquez Hernández, Martha Patricia Aradillas Aradillas, Mireya Vancini Villanueva, Tomás Zavala González y Crisógono Pérez López, quienes integran la Comisión de Hacienda.
