Fernanda Durán
La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó por unanimidad este martes la iniciativa presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para establecer un sistema de pensiones, jubilaciones y retiro para elementos de las policías municipales.
El dictamen establece que la prestación deberá brindarse exclusivamente a través de organismos públicos, lo que elimina la posibilidad de que los ayuntamientos contraten instancias privadas para este fin.
Durante la reunión, el asesor de la comisión explicó que la propuesta busca “dar certeza jurídica a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública de los municipios y promover sostenibilidad financiera en cada uno de ellos con base a la autonomía local y constitucional”.
Detalló que el dictamen fue analizado desde perspectivas nacionales e internacionales al tomar como referencia tratados de derechos humanos y disposiciones del artículo 123 constitucional, que obliga a garantizar seguridad social a policías y sus familias en casos como pensiones por años de servicio, incapacidad o fallecimiento.
El funcionario enfatizó que la modificación clave al proyecto original fue suprimir la redacción que permitía la “alternancia” para que los ayuntamientos decidieran contratar servicios de seguridad social con instituciones privadas.
“Solamente se puede hacer a través de un organismo público”, puntualizó al indicar que se buscó alinear la reforma con los principios constitucionales.
El diputado presidente de la comisión, Carlos Arreola Mallol, afirmó que la medida forma parte de la estrategia estatal de fortalecimiento a las policías municipales y que se alcanzó un consenso para evitar interpretaciones ambiguas en el texto final.
“Llegamos a un acuerdo que no varía el sentido de la iniciativa, pero que tampoco dejara a interpretaciones o conjeturas lo que podría ser un servicio garantizado por el Estado”, dijo.
En días pasados, desde la dirigencia nacional de Morena y los legisladores de esa bancada adelantaron que buscarían evitar la privatización del esquema de pensiones.
En su intervención, el diputado Héctor Serrano Cortés defendió la postura del Ejecutivo como el compromiso de “proveer de seguridad social a órganos, organismos que generan con su trabajo estabilidad y paz social”, además de que la iniciativa “tiene su origen en el bienestar, en la estabilidad y en las sociedades sociales de quienes todos los días exponen su vida para asegurarnos”.
Arreola añadió que los ayuntamientos deberán contemplar este gasto en sus próximas leyes de ingresos y presupuestos de egresos, mientras que el Congreso estará atento a que se realice un análisis de viabilidad financiera “municipio por municipio” para garantizar la implementación de la reforma.
En entrevista posterior, el diputado descartó que la reforma abra la puerta a incrementos en impuestos o gravámenes locales bajo el argumento de crear un régimen de pensiones para policías municipales.
“No porque no debe ser la gente quien lo pagué a manera municipal porque sería una doble tributación, lo que estamos haciendo es que ya reciben los ayuntamientos fondos federales en materia particularmente de seguridad pública y el chiste es que el alcalde o presidente municipal no le lleguen esos fondos y de inmediato se compre una camioneta blindada para andar él, sino que le dé prioridad a los de abajo, a los policías municipales”.
Señaló que en algunos casos los recursos etiquetados para seguridad pública se han utilizado para obras ajenas a esta materia, por lo que la reforma busca dar claridad y obligar a que se destinen directamente a fortalecer a las corporaciones, incluyendo prestaciones y equipo.
Respecto a si la redacción “deberán” implica una obligatoriedad para que los ayuntamientos establezcan su régimen de pensiones una vez aprobada y publicada la reforma, Arreola recordó que “ya están obligados por la Constitución Federal, simplemente la Constitución de San Luis Potosí no tenía esta disposición expresa dentro de sus obligaciones municipales”.
Añadió que la modificación “se le da forma y se le instruye considerarlo a partir del siguiente ejercicio presupuestal en su total autonomía”, sin imponer el cómo, cuándo o dónde aplicarlo, pues “ya es una obligación que tienen, simplemente se está poniendo de manera expresa en la Constitución y se le está dando forma legal”.
Tras la votación nominal, el dictamen fue aprobado por unanimidad y se acordó que será incluido en el orden del día de la próxima sesión del pleno, donde continuará su trámite legislativo.
La propuesta implica reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a la Ley Orgánica del Municipio Libre y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y Municipios, con el objetivo de garantizar prestaciones de seguridad social para policías municipales exclusivamente a través de instituciones públicas.
