Fernanda Durán
En reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Primera de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado, diputadas y diputados aprobaron este lunes 30 de junio un dictamen conjunto que agrupa seis iniciativas relativas a dos figuras jurídicas distintas, pero complementarias: la amnistía y el indulto.
Ambos temas fueron respaldados por unanimidad y se espera que el dictamen avance al Pleno en un periodo extraordinario de sesiones.
Las iniciativas que derivaron en esta propuesta legislativa fueron presentadas en fechas diversas por legisladores en funciones y exdiputados, así como por personas ciudadanas del estado, signadas con los turnos 1522, 3436, 5993, 5998, 6009 y 6024, a nombre de Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Rubén Guajardo Barrera, Juan Francisco Aguilar Hernández, Alejandro Leal Tovías, Sanjuana Maldonado Amaya y José Mario de la Garza Marroquín, respectivamente.
Uno de los principales antecedentes de esta reforma es el indulto otorgado en 2024 a Sanjuana Maldonado, cuyo caso detonó un debate legislativo sobre la necesidad de establecer mecanismos más claros y con respaldo legal para casos en los que se presuma la existencia de fallas en los procesos judiciales.
El dictamen incluye también la expedición de la Ley de Amnistía e Indulto del Estado de San Luis Potosí, así como reformas a los artículos 57 y 80 de la Constitución local para delimitar las facultades de ambos poderes en la materia.
Aunque la iniciativa de amnistía fue presentada desde 2023, había permanecido sin dictamen durante casi dos años; mientras otras propuestas, vinculadas al indulto y sus alcances, fueron presentadas en 2024, poco después del caso de Sanjuana.
Con la aprobación de este dictamen conjunto, se abre la posibilidad de establecer formalmente un marco legal para otorgar perdón jurídico en casos donde existan elementos que así lo ameriten.
En entrevista posterior, el diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación, señaló que con esta aprobación se busca dotar de facultades tanto al Ejecutivo como al Congreso para actuar en casos excepcionales.
Detalló que el indulto quedará bajo competencia del Ejecutivo estatal, mientras que la amnistía será responsabilidad del Congreso del Estado.
Al referirse al caso de Sanjuana, Serrano Cortés expresó que fue un proceso “a todas vistas viciado” que obligó a una persona a purgar una condena considerada injusta por los promoventes.
Afirmó que este tipo de casos evidencian vacíos en la legislación estatal y justificó la necesidad de perfeccionar los instrumentos legales que permitan al Estado actuar en favor de la justicia sustantiva.
El legislador también adelantó la posibilidad de que el tema se someta a votación del Pleno en un periodo extraordinario, el cual tendría que celebrarse antes del 15 de septiembre, junto con otros temas en espera de resolución como la emisión de la ley orgánica del poder judicial, por la que será necesario coordinarse con el Poder Judicial y el Gobierno del Estado para prever la implementación financiera y administrativa de las reformas.
