Fernanda Durán
El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que obligan a este organismo a implementar un programa de visitas periódicas y regulares a los centros penitenciarios y barandillas municipales, así como a elaborar un diagnóstico anual sobre las condiciones de internamiento, causas de fallecimientos, motines, abusos y otras incidencias relevantes en dichos espacios.
Con 23 votos a favor, la reforma a los artículos 26, 27, 54 y un primer párrafo del artículo 63, fue avalada en sesión extraordinaria. Establece que los resultados de estos diagnósticos deberán ser comunicados a las autoridades estatales y municipales competentes, para que puedan diseñar e implementar políticas públicas que garanticen el pleno respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Según la exposición de motivos, el sistema penitenciario del estado presenta graves deficiencias como sobrepoblación, autogobierno, falta de personal capacitado y condiciones que vulneran la salud y dignidad de las personas privadas de su libertad.
En el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, San Luis Potosí obtuvo una calificación reprobatoria de 5.95, apenas superior a la del año anterior (5.61).
Entre las modificaciones destaca el cambio en el artículo 26, que amplía la atribución de la CEDH para no solo mantener comunicación con el Congreso del Estado, sino también emitir opiniones técnicas y y propuestas en materias de su competencia o en procesos de armonización legislativa.
En el artículo 27, la fracción X fue modificada para actualizar el lenguaje sobre el inicio de investigaciones de oficio. Ahora se reconoce expresamente que la CEDH puede actuar a partir de denuncias difundidas no solo en medios tradicionales, sino también en plataformas digitales y redes sociales, lo cual responde a una realidad en la que muchas vulneraciones de derechos se visibilizan primero en entornos virtuales, según lo expresado por su promovente, la diputada Gabriela López Torres.
“Ya que hay situaciones en las que personas han dado a conocer su vulnerabilidad a sus derechos humanos a través de los medios digitales, como lo fue el caso del penal de Xolol”.
La problemática en el Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol, en el municipio de Tancanhuitz, se remonta al 2023, cuando se denunciaron los traslados forzados de reclusas desde la capital a esta prisión lejana. Las denuncias de las internas y sus familias, difundidas principalmente en redes sociales, señalan condiciones inhumanas, falta de atención médica, y la lejanía que impide las visitas familiares.
Aunque las autoridades han calificado estas acusaciones de falsas y han prometido rehabilitaciones, los familiares continuan con su lucha por el derecho a la reinserción social en condiciones dignas.
La fracción XII del mismo artículo 27 indica que, a partir de ahora, la CEDH estará obligada a elaborar un programa de visitas periódicas y regulares a todos los centros penitenciarios del estado y a las barandillas municipales.
En cuanto a la estructura interna de la CEDH, se modificó el artículo 54 para reconocer expresamente la existencia de Visitadurías Generales especializadas, las cuales ya operaban en la práctica, pero sin una base legal clara. Entre ellas se incluyen las que atienden los derechos de pueblos indígenas, personas migrantes y personas privadas de la libertad.
Finalmente, el artículo 63 fue ajustado para que la ley reconozca que estas Visitadurías Especializadas deberán estar reguladas por el Reglamento Interno de la Comisión.
El decreto establece que la CEDH tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma para adecuar su reglamento interno respecto al nuevo programa de visitas, y 45 días para armonizar las disposiciones relacionadas con las Visitadurías Generales especializadas.
