Estela Ambriz Delgado
El doctor en Ciencias Sociales, David Alan Gutiérrez Mannix, expresó que los argumentos vertidos en el recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de Economía para revocar la sentencia que dejó insubsistentes 44 títulos de concesión minera en el Área Natural Protegida Sitio Sagrado Natural Wirikuta, denotan una contradicción entre dependencias, además de que desconocen tanto la lucha del pueblo wixárika como la sacralidad del territorio, por lo que exige una explicación por parte del Gobierno federal.
El especialista en el tema y autor del libro Wirikuta contra la Hidra capitalista dijo que, si bien el instrumento legal pudo haberse presentado por normatividad interna de la dependencia, llama la atención la manera en que se cuestionan los derechos colectivos y la vinculación cultural del pueblo originario con el territorio, misma que el propio Estado mexicano ha reconocido en múltiples ocasiones.
Apuntó que existe el Plan de Justicia para el Pueblo Wixárika, emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y más recientemente, en julio de 2025, la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para la “Ruta Wixárika por los Sitios Sagrados a Wirikuta”, tramitada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
“Entonces ahí se ve una contradicción muy fuerte entre las diferentes áreas del Gobierno federal y lo que están haciendo. Por un lado reconocen derechos, los fortalecen, sacan una reforma constitucional, promueven lo de la Unesco, promueven el plan de justicia y luego por el otro lado dicen que no, que hay que irse de nuevo a esto que ya está bien reconocido, de que los derechos de los pueblos indígenas en realidad trascienden a la mera posesión y propiedad”.
En el mismo sentido, el investigador mencionó otro de los argumentos esgrimidos: la postura de que no puede estar el interés particular por encima del colectivo, el cual, es la actividad económica del estado, con lo que se asume que la minería es de interés colectivo y que la Secretaría estaría defendiéndolo.
Consideró que se ignora por completo el interés colectivo de todas las personas del planeta, no solo de las mexicanas, en la preservación del medio ambiente, además de que se posiciona el interés del pueblo indígena como si fuera de particulares, cuando por su propia naturaleza se trata de colectividades.
“Me parece muy extraña esta actitud del Gobierno federal, ojalá la presidenta lo pudiera explicar en la mañanera o alguien pudiera explicarlo, porque parece muy esquizofrénico, por un lado se defiende, se reconocen derechos, se habla de la consulta y por el otro lado salen con cosas como que como que ya era irreparable, como que ya no era el momento para realizar la consulta, pero pues sabemos que la falta de consulta anula totalmente cualquier clase de actividad relacionada con los derechos de los pueblos originarios”.
Gutiérrez Mannix reiteró que el tema está sumamente explorado tanto en el derecho nacional, en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), además de que existe una lucha de más de 15 años del pueblo wixárika, así como un acervo académico y documental que apunta hacia la sacralidad de ese territorio y lo sustentado por el propio gobierno para inscribir la ruta como Patrimonio Mundial.
Finalmente, señaló que la sentencia del juez Diego Galeana está bien hecha y vino a poner fin a una década y media de incertidumbre para el pueblo, además de que invoca los derechos de los ejidatarios; aspecto que considera es el que el gobierno debería estar discutiendo, y no el derecho ni la vinculación cultural que ya han sido ampliamente explorados.
