Fernanda Durán
El intento del Congreso del Estado por trasladar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) la organización de las consultas obligatorias ordenadas por autoridades jurisdiccionales abrió un nuevo frente de negociación institucional, marcado por diferencias jurídicas, presupuestales y de tiempos, que apenas comienza a delinearse.
Antes de una reunión privada que se prolongó por cerca de una hora y media con el Consejo General del organismo electoral, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, reconoció que el Congreso busca un acuerdo legal que permita al Ceepac asumir la realización de las consultas, con el argumento central de reducir costos y aprovechar la infraestructura electoral existente.
“Esta reunión es para tratar de lograr un acuerdo con el Ceepac para que, de forma totalmente legal, el Ceepac esté autorizado y tenga las condiciones más favorables para realizar estas consultas”.
Serrano insistió en que el principal incentivo es evitar que se repita un gasto millonario como el de ejercicios anteriores.
“En lugar de pagar entre ocho y diez millones de pesos por las consultas —lo comento porque existe un antecedente—, evidentemente se reduzcan de forma considerable los costos y se aprovechen los trabajos que tiene que realizar el propio Ceepac con miras al proceso electoral que se avecina”.
Incluso, el legislador adelantó que la meta del Congreso sería pagar apenas una fracción del costo histórico que han estimado.
“Si podemos pagar un 20, 25 por ciento de lo que nos cuesta, sería extraordinario”.
El diputado vinculó el origen del conflicto principalmente a la consulta relacionada con pueblos originarios y el sistema de usos y costumbres, al decir que una consulta previa fue invalidada y generó un impacto directo al erario.
“Finalmente recurso público y finalmente, pues, si afecta al erario de manera consistente por el mismo tipo de consulta”.
Serrano reconoció que el tiempo es un factor crítico y que el Congreso enfrenta el riesgo de mantenerse en incumplimiento, ya que no puede pasar del mes de marzo.
“Ya, no puede pasar del mes de marzo para tener ya una definición y el cumplimiento con ello (…); comprendemos que los tiempos legales se agotan y que tenemos que cumplirlo para no estar en el incumplimiento, que siempre tiene consecuencias de carácter legal”.
Confirmó que, además de la consulta indígena, el Congreso pretende agrupar todas las consultas pendientes en un solo ejercicio.
“Lo que queremos es, pues, ser un paquete, ¿no? O sea, hacer una consulta general y sacar todas las consultas que tenemos y no dejar ya nada pendiente”.
Tras la reunión, la consejera presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López, dejó claro que no existe aún un acuerdo ni borrador de convenio, y que el encuentro fue apenas un primer acercamiento formal con diputadas y diputados, sin una fecha definida para la próxima reunión.
“Si bien es el primer acercamiento que tiene el Consejo con las y los diputados, también anteriormente ya nos habíamos reunido con el equipo jurídico del Congreso (…) en esta ocasión nos reunimos finalmente con diputadas y diputados y el objetivo fue escuchar las inquietudes que tienen”.
Al ser cuestionada sobre la viabilidad legal de que el Congreso delegue el cumplimiento de una sentencia a otro organismo, Blanco subrayó que el tema está en revisión.
“Fue uno de los puntos que se llevó a la mesa y lo que coincidimos es que nuestros equipos jurídicos de ambas instituciones deben realizar los análisis correspondientes en cuanto a los alcances de responsabilidad de cada institución”.
La consejera presidenta evitó adelantar una postura definitiva y señaló que cualquier definición dependerá del análisis jurídico interno del organismo.
“A mí me gustaría dar una declaración ya una vez que tenga ya el análisis de nuestro jurídico para en todo caso ya poder dar una opinión más sostenida o más sustentada”.
Congreso insiste en coordinación y recursos
Por su parte, la diputada presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, sostuvo que el Poder Legislativo mantiene la intención de cumplir con las consultas pendientes, particularmente la indígena y la relacionada con derechos humanos, por lo que habrá más reuniones técnicas.
“Estamos ya trabajando, van a empezar ahorita los jurídicos, tanto del Congreso como del Ceepac, iniciando trabajos para saber cómo sí podemos coincidir y trabajar juntos”.
Rocha Medina afirmó que el Congreso está dispuesto a dotar de presupuesto al organismo electoral si se concreta el acuerdo.
“No nada más del presupuesto, también de cómo y de qué manera se debe hacer para que funcione perfectamente y no haya una sola equivocación o impugnaciones innecesarias”.
Sin embargo, reconoció que no existe aún una estimación clara del costo, pese a que el antecedente más reciente ascendió a ocho millones de pesos.
“Son tres municipios, todavía no hay monto. En la pasada se gastaron ocho millones, yo espero que esta por lo menos sea con mayor precisión”.
Al cierre de esta primera ronda de encuentros, ninguna de las partes ha definido fechas, montos ni mecanismos concretos, mientras los plazos judiciales siguen corriendo y el Congreso apuesta a que el Ceepac pueda convertirse en la vía para resolver un rezago que arrastra desde hace más de dos años.
