Fernanda Durán
El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, adelantó que el Poder Legislativo local analizará la incorporación de nuevas regulaciones en materia de inteligencia artificial, particularmente en el ámbito electoral, como parte de los trabajos de armonización con una eventual reforma federal.
El legislador señaló que el uso de inteligencia artificial y de redes sociales en procesos democráticos es “una nueva realidad que ya nos alcanzó” y que actualmente no se encuentra contemplada de manera suficiente dentro del marco electoral vigente.
En ese sentido, consideró necesario construir un consenso entre autoridades electorales, el Poder Judicial y el Legislativo para actualizar las leyes y evitar escenarios de desinformación o manipulación similares a los observados en otros países.
“Tenemos que encontrar el punto”, afirmó Arreola, al referirse a la necesidad de delimitar el uso de estas tecnologías sin caer en excesos regulatorios. En ese contexto destacó que el debate jurídico que actualmente se desarrolla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma penal en San Luis Potosí —impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— aportará criterios relevantes para futuras decisiones legislativas.
Durante su intervención, el diputado explicó que cualquier ajuste en materia electoral deberá esperar a que se presente la iniciativa federal anunciada por la Presidencia de la República, prevista para el mes de marzo.
A partir de ese proyecto, dijo, el Congreso local tendrá que armonizar su legislación a más tardar en mayo, respetando los plazos constitucionales previos al inicio del proceso electoral 2026-2027.
Arreola reiteró que, una vez conocido el contenido de la reforma federal, se convocará a foros, mesas de análisis y ejercicios de parlamento abierto con participación de ciudadanía organizada, academia, sector empresarial y autoridades electorales.
Según indicó, el objetivo será que las decisiones legislativas no se adopten de manera unilateral y respondan a las nuevas condiciones tecnológicas que inciden en la vida democrática.
En ese contexto, subrayó que la discusión no se limitará a la inteligencia artificial, sino que formará parte de una agenda más amplia de reformas constitucionales pendientes, entre ellas la reorganización del sistema electoral, la posible optimización de recursos públicos y la revisión del modelo de órganos electorales locales. No obstante, cualquier definición deberá partir del análisis técnico y del diálogo social.
Finalmente, el legislador sostuvo que la regulación de la inteligencia artificial en elecciones no debe abordarse únicamente desde el ámbito penal, sino también desde el derecho electoral y administrativo, otorgando atribuciones claras a las autoridades competentes para prevenir, investigar y sancionar prácticas que afecten la integridad de los procesos democráticos, sin vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión.
