Estela Ambriz Delgado
La medida cautelar que el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito otorgó a los ex integrantes del Comisariado Ejidal de La Pila y sus anexos, Leoncio Zárate López y Abraham Jasso Rosas, quedará sin efecto ya que, así como esta conllevó la solicitud de una fianza, la otra parte tiene derecho a una contra fianza que es solicitada este viernes, según lo informó la abogada Lindsay Saldaña Candelaria.
Respecto a la ampliación de demanda de los otrora tesorero y secretario, en la que piden se les otorgue una medida cautelar para que el Registro Agrario Nacional (RAN) se abstenga de calificar de legal el acta de asamblea del 25 de febrero de 2025, en donde fueron removidos la asesora del comisariado presidido por Pedro Adrián Martínez, puntualizó que por ley tienen derecho de una contra fianza de al menos el doble de la ya ofrecida, con la que la medida no podrá surtir efectos.
Explicó que el tribunal no puede notificar al RAN hasta no haberles otorgado ese derecho de dar o no una contrafianza, y ya que se exhiba la medida quedará sin efectos. Aunque este no ha emitido un acuerdo al respecto, luego de recibir el pago de diez mil pesos del abogado de los ex integrantes del comisariado, la contra parte lo solicitará a fin de que el TUA determine el monto.
Por otra parte, la abogada señaló como irregular el hecho de que el tribunal aún tenga a Zárate López y Jasso Rosas como secretario y tesorero, además que les recibe una ampliación de demanda en calidad de esos cargos, lo que es inverosímil pues, aunque no hubieran sido removidos, ya no integran el comisariado desde el 27 de marzo.
Además, negó que no se les haya permitido la entrada a la asamblea del 25 de febrero pues estuvieron presentes, y como prueba de ello proporcionó a Astrolabio fotografías y un video donde se les ve a los entonces integrantes del comisariado en la sesión, e inclusive Abraham Jasso votó por su propia remoción.
El proceso que llevó a la remoción
Saldaña Candelaria hizo un recuento de cómo fue que se dieron las circunstancias que llevaron a remover a los ex integrantes, que inició con el acercamiento de un grupo de ejidatarios al comisariado, en ese entonces presidido por J. Guadalupe Martínez Rivera, para llevar a cabo una asamblea con la finalidad de someter a votación un convenio en el TUA, y con ello se les reconozcan y doten de sus parcelas históricas.
“La ley dice que basta con 20 ejidatarios que soliciten por escrito al comisariado ejidal para que convoquen a una asamblea de formalidades simples”.
También indicó que ya estaban enterados del convenio y todo lo que se hacía. Después de que se elaboró la convocatoria, Zárate López se negó a firmarla y Jasso Rosas quedó de revisarlo y luego firmar; aunque en reiteradas ocasiones Martínez Rivera y ella lo buscaron para que firmara, se escondía, por lo que acudieron con sus suplentes, obteniendo sólo la firma de la suplente del secretario, mientras que la de la tesorera, María Carmela López Alvarado, también se ocultó en su domicilio y no salió cuando se le fue a buscar.
“La ley habla de que a partir de que tu le pides al comisariado ejidal presidente, secretario y tesorero, titulares o suplentes, que convoque a una asamblea que ejidatarios titulares necesitan, si en cinco días no convocan hay omisión o negativa, en cuyo caso el Consejo puede convocar, que puede hacerlo a petición de parte o por iniciativa propia”.
Pasados esos cinco días, dado que no se emitió la convocatoria por la falta de firma del tesorero o suplente, los ejidatarios que estaban de acuerdo con el convenio recabaron más de 170 firmas, que es un poco más del 25 por ciento del padrón de ejidatarios registrado en el RAN, y le hacen la petición al presidente del Consejo de Vigilancia, Zeferino Arriaga Meléndez, para que convoque a la asamblea.
“Es una asamblea muy importante para el ejido, tenemos 25 años divididos en dos grupos, y finalmente después de todos esos años y cuatro de estar buscando conciliar, finalmente se da. No nos vamos a detener por dos o tres que se oponen, somos 564 contra cinco, seis”.
En este sentido precisó que la asamblea es la que manda, el comisariado ejecuta lo que la asamblea dice y el consejo tiene una función clara: si el comisariado no cumple con sus funciones y lo que la asamblea le demanda, esta debe demandarlo o hacer una sesión para ponerles en conocimiento.
Por ello la asamblea se convocó para su ratificación o remoción, y aunque en un inicio la idea era cuestionarlos de sus funciones y convencerlos de firmar, esta se desarrolló de manera violenta, lo que quedó registrado en una fe de hechos notarial.
“Al ver que quieren reventar la asamblea, corren al abogado Iván Sandoval porque fingieron llevan una suspensión para detenerla y era una mentira (…). Ante esta actuación de su parte al momento de votar la ratificación o remoción, la mayoría lo aprobó, y había casi 300 ejidatarios titulares (…); el mismo Abraham votó por su remoción y la planilla única de Antonio Gómez Contreras y Pedro Zúñiga Rosas, para sustituirlos”.
Saldaña Candelaria manifestó tener la seguridad de que las asambleas, aunque las peleen y combatan, van a quedar firmes porque se llevaron a cabo legalmente, pues de lo contrario la Procuraduría Agraria no hubiera estado en la asamblea donde resultó electo Pedro Adrián y hubieran señalado que la remoción estaba mal.
Además de que hubo audiencias en el mismo TUA, en las que ya tienen como representantes a Gómez Contreras y Zúñiga Rosas en sustitución de Leoncio y Abraham, por lo que son actos convalidados. También hay un acta de entrega-recepción que Jasso Rosas le entrega a Pedro Zúñiga el recurso que tenía de las contribuciones que cobró, recibos, firman testigos, por lo que reiteró ya está convalidado.
