Asociaciones civiles se posicionan contra aumento a la tarifa del transporte público

Leticia Vaca

Integrantes de la organización Ciudadanos Observando y Cambio por San Luis fijaron su postura en contra del aumento a la tarifa del transporte público y en contra de la iniciativa de la diputada Alejandra Valdés Martínez con la que propone que los concesionarios puedan ampliar el tiempo de antigüedad de los camiones del transporte público de 10 a 15 años.

Al respecto,  Michel Hernández Piña, vocero de Cambio por San Luis, consideró como una traición la propuesta de Valdés Martínez, ya que, dijo, pertenece a un bancada que se suponía estaría a favor de la ciudadanía, “encima de esto volvemos a la misma, la Ley les permite a los concesionarios acceder a un aumento automático anualmente, sin que de por medio haya una evaluación real de que  hayan cumplido en mejorar el transporte”.

Además, indicó, el tema de la pandemia ha servido como pretexto para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evada el tema de que “hay 38 unidades circulando que rebasan los 10 años de antigüedad que ya tendrían que estar fuera de circulación y la Secretaría dice que por el tema de la pandemia, los concesionarios no tienen dinero”.

Aparte,  José Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando, agregó que “es un rotundo no a chatarrizar el transporte urbano, está en la Ley, son 10 años (…) aquí la ley es muy clara, todos nos hemos visto afectados y al parecer esta diputada de Morena sólo está pensando en los permisionarios, no en los usuarios” lamentó.

González Covarrubias mencionó que actualmente la tarifa del transporte urbano en la zona metropolitana es de 9 pesos con 80 centavos, sin embargo en la mayoría de los casos se cobra 10 pesos y “los líderes del pulpo camionero dicen que la culpa es del chófer, pero el afectado es el usuario; el Gobierno del Estado tiene que ser sensible y ponerse del lado de la ciudadanía para no aprobar ningún aumento”.

En ese sentido, recordó que el Consejo del Transporte Urbano es el encargado de verificar que los permisionarios cumplan con los compromisos y requisitos para que las unidades cuenten con las condiciones y se pueda dar un incremento “pero ese Consejo no funciona (…) en conclusión, nos oponemos a la chatarrización del transporte público, no a los 15 años, se debe quedar como está,  deben durar sólo 10 años, no al aumento del transporte”.

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