Por Victoriano Martínez
“Hemos sido víctimas de todas las instituciones del Estado de San Luis Potosí, nos han re victimizado en poner en juicio la calidad de víctima de mi hija”, expresó desde un balcón de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Marcela Alemán, madre de Lia, quien desde marzo de 2017 denunció la violación de su niña en un colegio de la ciudad de Rioverde.
No se trata de la primera víctima que denuncia desde las oficinas de la CNDH la violencia institucional que ejerce el gobierno de Juan Manuel Carreras López.
Tampoco es la única que en esta ocasión hace ese tipo de denuncia desde la CNDH. A Marcela Alemán la acompaña Silvia Castillo Hernández, quien protesta porque no se ha hecho justicia por el asesinato de su hijo, a quien señala que quemaron vivo.
La lista de afectados es larga y una muestra se dio en agosto de 2019, cuando un pequeño grupo encabezado por María de Jesús Armendárez Prieto, Mary Chuy, realizó un plantón frente a las oficinas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
Cada día de plantón había víctimas que exponían su propia historia de re victimización, pero esa misma condición les impedía sumarse al plantón. Alejandro Leal Tovías, secretario de gobierno, operó con organizaciones civiles que demandaron la reapertura de la CEEAV para presuntamente garantizar la atención a otro universo de víctimas. La maniobra oficialista desactivó el plantón.
Entre los casos que se incorporaron a aquella protesta se encuentra el de Lia. Fue uno de varios que relató Carlos Rubio en Astrolabio Diario Digital. “Hasta la fecha parece que mi niña violó a la maestra”, fue la expresión con la que Marcela Alemán sintetizó en aquella entrevista la violencia institucional que hoy denuncia desde el balcón de la CNDH.
Y como en el caso de Karla Pontigo, el de Lia ya escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según le informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a Roberto Cuello, padre de la niña.
Se trata de la exposición de una verdadera crisis en la procuración de justicia en el Estado y, sobre todo, la indolencia con que los servidores públicos en San Luis Potosí tratan a las víctimas. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado y, especialmente la CEEAV por ser su esencia la atención a las víctimas, están más que en entredicho.
La CNDH anunció que “dará el acompañamiento y la orientación que resulten necesarias para que las víctimas tengan un trato digno y logren el acceso a la justicia” y, de entrada, expuso en un comunicado oficial lo que espera de esas tres instancias estatales:
“…se solicita a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de San Luis Potosí, que revise cada una de las quejas que las víctimas han presentado ante ese Organismo Local, y en su caso, emita la resolución que en derecho corresponda, a efecto de garantizar la reparación integral de respecto de la violación de sus derechos humanos; de igual manera, se emitan las medidas cautelares inmediatas, que garanticen la seguridad e integridad de las víctimas en el estado de San Luis Potosí.
“A la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, se le solicita, realizar de manera inmediata, las acciones correspondientes, a efecto de que garantice la reparación integral, de conformidad con lo establecido en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí.
“A la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, que se revisen las carpetas de investigación que se integran en esa Representación Social, a efecto de que se realicen las gestiones procedentes, para que se emitan a la brevedad, las resoluciones que en derecho procedan”.
La exhibición de la re victimización institucional encabezada por la mismísima Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se da a un día de que la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado avaló la terna que envió Carreras López para renovar la titularidad de ese organismo con Jorge Vega Arroyo, comisionado ejecutivo re victimizador, como el mejor evaluado.
La diputada Sonia Mendoza Díaz reveló que en el expediente de Vega Arroyo se incluyeron algunas cartas de recomendación “o de agradecimiento o de atención, como lo quieran ver, de la consulta que se hizo a las asociaciones y agrupaciones de atención a víctimas, que han estado impulsando la designación o la nueva elección de Jorge”.
¿Cuántas cartas de recomendación o de agradecimiento o de atención, como lo quieran ver desde el Ejecutivo, borraron –al grado de calificar a Vega Arroyo con un 100 para ser nombrado– la desesperación que la CEEAV a su cargo le provocó a dos madres de familia que hoy han logrado captar la atención no sólo en México, sino más allá de las fronteras nacionales?
¿Cuántas cartas de recomendación o de agradecimiento o de atención, como lo quieran ver los diputados, fueron suficientes para contrarrestar la desesperación que la CEEAV de Vega Arroyo le provocó a esas dos madres de familia, y ya lo acepten como el candidato mejor calificado para estar al frente de la atención a víctimas por cinco años más?
¿Serán suficientes esas cartas de recomendación o de agradecimiento o de atención, como lo quieran ver los diputados, para que ignoren el largo historial de quejas contra Vega Arroyo, quien llegó a decir a una víctima que prefiere litigar contra ellas y que entre esos litigios perdió 14 amparos en el Caso Jair, de Laguna de San Vicente, que lo obligaron a la reparación integral del daño –aún inconclusa– y, a pesar de todo, cumplirle al gobernador con nombrar a quien ya les marcó como el mejor calificado?
En la terna de Carreras López van Jorge Vega Arroyo con calificación de 100, Blanca Laura Martínez Belmares con 95, y Victor Hugo Liceaga Rojas con una calificación entre 90 y 95 puntos (no pudo ser precisada por la fuente consultada, quien la citó de memoria).
Más clara la pichada del gobernador a los diputados no pudo ser. Más clara la sumisión al Ejecutivo, si como mera oficina de trámite avalan el nombramiento de Vega Arroyo, no podría quedar.
Hoy la sumisión de los diputados al gobernador podría alcanzar niveles de indolencia y de traición a su representatividad, a tal grado que se sumarían a la violencia institucional que padecen las víctimas.
A tal grado ha llegado esa violencia institucional, que en un segundo comunicado la CNDH reporta el caso de tres víctimas que de plano mejor optan por el destierro.
“Se acordó una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, para agilizar en lo posible las gestiones, sobre todo en los casos de tres víctimas del estado de San Luis Potosí, que reclaman apoyo económico de la Comisión a Víctimas para trasladarse a vivir a la Ciudad de México”.
Dos madres hoy exhiben la violencia institucional del gobierno de Carreras López desde la CNDH, como ya antes lo hicieron otras víctimas desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desde otras instancias federales y locales.
La atención hoy está puesta en la reacción de todas las instituciones que han victimizado a la madre de Lia para ver hasta donde son capaces de mantenerse en su papel de victimarios… de tantas otras víctimas en el Estado.
