Fernanda Durán
La presencia de vehículos en estado de abandono en la vía pública muestra una tendencia al alza en la capital potosina, ya que de enero a julio de 2025 se han retirado 189 automóviles por permanecer inmóviles en la vía pública, cifra que supera los 185 vehículos remolcados durante todo el año 2024, de acuerdo con datos oficiales proporcionados por la Dirección General de Policía Vial y Movilidad.
El actual encargado del área, José Adolfo Ortiz Ibáñez, informó que en este mismo periodo se han levantado 190 infracciones relacionadas con esta problemática.
El protocolo establece que, tras recibir una denuncia, oficiales de tránsito colocan una notificación en el vehículo o contactan al propietario, otorgándole un plazo de 72 horas para retirarlo.
En caso de incumplimiento, se procede con el arrastre del vehículo a la pensión municipal; finalmente se impone una multa de entre 2 mil 500 y 3 mil pesos, además de los costos correspondientes al arrastre y resguardo.
El crecimiento en el número de unidades retiradas en solo siete meses refleja un incremento en la incidencia de abandono vehicular, una situación que no solo afecta la movilidad urbana, sino que también genera preocupaciones en materia de salud, medio ambiente y seguridad.
La acumulación de estos vehículos en desuso puede convertirse en focos de contaminación por filtración de sustancias como aceites o combustibles, así como en criaderos de fauna nociva.
Está problemática ha sido abordada desde distintas instancias públicas. En octubre de 2023, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para solicitar a autoridades como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un reporte detallado de autos abandonados y su clasificación como “autos chatarra”, así como a los ayuntamientos de la capital y Soledad de Graciano Sánchez para que establecieran un Programa de Chatarrización anual, conforme al artículo 63 de la Ley de Tránsito del Estado.
Ese mismo mes, la legislación estatal fue reformada para establecer un procedimiento específico sobre el destino de vehículos considerados como chatarra; el artículo 62 de la Ley de Tránsito establece que las unidades que no formen parte de un proceso judicial y representen afectaciones físicas o ambientales podrán ser destruidas, siempre que se cumpla con un dictamen pericial y se haya notificado al propietario.
En caso de no haber respuesta en un plazo de 30 días hábiles, la ley permite que esos vehículos sean destruidos por una empresa especializada, y que el producto de su venta sea destinado a políticas públicas.
En 2025, el tema volvió a ser planteado en el Congreso del Estado. La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas presentó un exhorto ante el Congreso del Estado para que los 59 municipios intensifiquen sus operativos de identificación y retiro de autos chatarra, a fin de recuperar el espacio público y garantizar una movilidad más segura y ordenada.
La legisladora señaló que esta problemática contribuye al deterioro urbano y afecta directamente la calidad de vida en las zonas más impactadas.
Aunque han incrementado las acciones de remoción, el fenómeno continúa en expansión, lo que plantea el reto de establecer programas permanentes y coordinados entre las áreas de tránsito, seguridad y medio ambiente para prevenir que estos vehículos permanezcan largos periodos en las calles.
