María Ruiz
En medio del creciente número de casos de sustracción de menores por parte de padres, muchas veces sin consentimiento legal ni autorización de las madres que cuentan con la custodia, el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, delegación San Luis Potosí, exigió una respuesta urgente y empática de las autoridades.
Carla Ress, integrante del colectivo en el estado, lamentó la falta de sensibilidad institucional y de protocolos claros que protejan a las madres víctimas de esta forma de violencia y, sobre todo, a las infancias.
Esto tras revelarse el caso de un bebé de siete meses reportado como desaparecido, luego de que su padre se lo llevara sin autorización de la madre. La Fiscalía General del Estado, encabezada por Manuela García Cázares, difundió información sobre el caso sin cuidar el enfoque ni evitar el estigma hacia la madre denunciante.
“Me parece que es muy importante porque hay un sentimiento de revictimización, de señalamiento. Lo que pasa es que aún no se ha entendido qué es la violencia vicaria. No empieza con la sustracción de los niños; empieza desde antes”, señaló Ress.
La activista enfatizó que muchas víctimas enfrentan no solo la pérdida de sus hijos e hijas, sino un doble castigo por parte de las instituciones que minimizan sus denuncias.
“Desde que llegas a la Fiscalía te dicen que no existe sustracción, que se lo llevó el papá y está con un familiar. Pero no lo hizo con mi consentimiento, y eso es violencia vicaria”, subrayó.
Ress recordó que desde hace más de cuatro años han intentado visibilizar este tipo de violencia ante autoridades estatales y federales, sin lograr un compromiso real.
“Nos enfrentamos a fiscales que no entienden, a jueces que proponen convenios con los agresores, a ministerios públicos que no están capacitados para atender a víctimas. La revictimización es una constante y muchas mujeres simplemente ya no pueden más: no tienen recursos, no saben a dónde acudir, y son empujadas de oficina en oficina”.
También denunció la falta de presencia institucional en espacios clave.
“Cuando tuvimos las mesas de trabajo con la ponente Jennifer Shafer en el Congreso, la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar no asistió. Eso dice mucho del interés que tienen en entender y atender esta problemática”, dijo.
Sobre el estigma que enfrentan las madres en redes sociales y medios de comunicación, Ress pidió un análisis más profundo y responsable.
“Vemos casos como este bebé de siete meses, en donde lo sustrajo el padre, y sin saber el contexto, culpan a la madre. Hay una estructura social que normaliza la violencia hacia las mujeres que denuncian, y eso es gravísimo”.
Finalmente, la presidenta del colectivo insistió en la urgencia de que las autoridades estatales, incluyendo la Fiscalía General y el Poder Judicial, adopten protocolos con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
“La violencia contra niñas, niños y adolescentes ha rebasado los límites. No se puede permitir que las víctimas sigan abriendo brechas solas para acceder a la justicia”, apuntó.
