Por Victoriano Martínez
Ante las clausuras por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a las obras de la autopista a Matehuala, la mancuerna gobierno estatal-empresa concesionaria aún no logran estructurar una respuesta por falta de información al no haber participado en las diligencias y, en consecuencia, no contar con acceso al acta levantada.
La postura pública a la que se vio obligado a dar José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno, por un lado, confirma la alianza del gobierno estatal con la empresa, en tanto que por otro señala que el tema se atiende en tribunales cuando la Profepa no tiene ese carácter.
O es producto de la falta de información o revela la intención que se tiene para combatir las clausuras.
“¿Ustedes harán alguna acción legal contra quien está construyendo la carretera por este mismo riesgo ambiental?”, preguntó la reportera. “No, al contrario”. Lo contrario de “una acción legal contra” quien es señalado por provocar un riesgo ambiental es “una acción legal a favor”. ¿Un desliz que confirma la alianza-confabulación?
Dos extremos de una declaración que se pretendieron justificar con una afirmación engañosa: “Lo que vemos es un desarrollo, es la conectividad que implican más de 22 mil millones de pesos”, como si la inversión multimillonaria por sí misma garantizara que no se provocaran daños al medio ambiente.
Afirmar que desde el gobierno estatal no ven daño ambiental resulta arriesgado si no se conoce el contenido del acta levantada por la Profepa el 11 de febrero.
Hay que mencionar que el 27 de enero se realizó otra inspección, pero guiada por autoridades ejidales afines a la empres que llevaron a los inspectores por sitios sin huellas de la depredación, cuyo contenido del acta levantada está superado.
En el acta del 11 de febrero, que tanto la empresa como el gobierno del Estado se vieron obligados a solicitarla y están en espera de la respuesta, se describen los cuatro sitios visitados, se menciona la participación 14 personas del Ejido el Peyote y de Álvaro Pineda, representante de la Procuraduría Agraria, como testigo.
“Se observaron 3 sitios en los que se llevaron a cabo actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o puedan rebasar los límites y condiciones establecidos por las disposiciones aplicables”, se advierte en el acta.
Entre los hallazgos que justificaron la clausura se detectaron varios ejemplares de tres especies (Biznaga barril de lima o roja (Ferocactus pilosus), Biznaga Burra (Echinococtus plathyacanthus) y Biznaga barril costillona (Ferocactus haematacanthus), “cuales se encuentran en la categoría de Protección especial (Pr), y en peligro de extinción (P) en la “Lista de Especies en Riesgo””.
Por si alguien estuviera interesado en ubicar el sitio exacto donde se ubicaron los sellos de clausura, en el acta quedaron descritas las coordinadas geográficas y la hora en la que se colocaron:
“El primer sello de clausura con número: PFPA/SLP/RN/005-2026. ubicado en la coordenada geográfica: 22° 41′ 13.9″ LN y 100° 37′ 05.4″ LW. el cual fue colocado a las 11 horas con 15 minutos, el segundo sello de clausura con número: PFPA/SLP/RN/006-2026, ubicado en la coordenada geográfica: 22° 41′ 17.6″ LN y 100° 37’06.6″ LW, el cual fue colocado a las 11 horas con 30 minutos”.
La clausura pretende evitar que se destruyan especies en riesgo, además de suspender “cualquier actividad relacionada con el cambio de uso del suelo, en terrenos o áreas con uso de suelo forestal”.
La inspección en el Ejido El Peyote es apenas la punta de una larga madeja de daños ambientales que la empresa ha iniciado a lo largo de los más de 118.4 kilómetros sin la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Una falta altamente sospechosa de replicarse a lo largo de ese trayecto que, por lo pronto, ha abierto la puerta a ocho inspecciones más que ya están contempladas por la Profepa, pero, además, la posibilidad de que la SEMARNAT, que mantiene en suspenso la autorización de la MIA, ante los daños ecológicos ya detectados, determine una inspección integral al proyecto.
Una inspección integral implicaría una revisión metro a metro desde el kilómetro 0 hasta el 118.4. La inspección en cuatro sitios el 11 de febrero ya mostró ilegales cambios de uso de suelo y afectación de tres especies en riesgo. ¿Cuántos más daños se detectarían si se revisa el trazo metro a metro?
Se trata de un ejercicio que arrojaría un recuento puntual de los daños ecológicos perpetrados por la mancuerna gobierno estatal-empresa concesionaria sin haber esperado la determinación sobre la autorización de la MIA. Una fotografía muy puntual del cinismo con el que se suele pasar por encima de los derechos ejidales y la protección al ambiente.
