Por Victoriano Martínez
La clausura de las obras del proyecto de autopista Entronque 75D-Matehuala representa mucho más que parar daños ecológicos en el trazo carretero concesionado por el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona a la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras: para en seco la práctica de confabulaciones entre autoridades y empresarios para pasar por encima de la ley y del medio ambiente.
Por muchos años, los grupos de mucho poder económico, como el grupo empresarial Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), tuvieron como práctica común realizar alianzas con los gobiernos para realizar grandes negocios con obras que se realizaban sin respetar la legalidad, pero que también pasaban por encima de los derechos de ejidos y comunidades.
El caso de los últimos 118 kilómetros de la autopista de cuota de San Luis Potosí a Matehuala era una más de esas confabulaciones que Gallardo Cardona formalizó apenas unos días después de la inauguración de la autopista libre de Ciudad Valles a Tamazunchale, en un acto en el que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció contra las autopistas de cuota.
Un pronunciamiento que a Gallardo Cardona poco le importó y le otorgó una concesión estatal a META, a través de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, y después acompañó todo el proceso de presiones y avasallamiento de 19 ejidos para prácticamente despojarlos de sus tierras a precios irrisorios que fueron de los 40 a los 70 pesos por metro cuadrado.
Doblegaron a los ejidatarios, como suelen ser sus prácticas, y aunque iniciaron el trámite de la obligada Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), no fue más que para aparentar que se cumplía con el trámite, porque apenas completaron los contratos de ocupación previa de las tierras ejidales, comenzaron a trabajar sin esperar la autorización federal. No les importaba, así suele ser su práctica.
Con lo que no contaron fue que esta vez los ejidatarios que condicionaban la ocupación de sus tierras a un mejor precio, un compromiso de obras de beneficio para la comunidad como compensación adicional como marcan las normas al respecto y garantías de cuidado ambiental serían vigilantes y denunciaron los daños ecológicos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
La clausura de los trabajos de la autopista a Matehuala le pone un alto a la confabulación de Gallardo Cardona con el grupo META y abre un procedimiento de sanciones administrativas para los responsables, al mismo tiempo que marca una diferencia en la atención desde el gobierno federal a las denuncias de los ejidatarios.
En primer lugar, se trata de un fuerte golpe a una obra sobre la que Gallardo Cardona ha manifestado tanto interés que en su cuenta de Facebook en repetidas ocasiones presumió los avances a pesar de su ilegalidad.
No es el primer golpe como ese, en el mismo Altiplano se dio la clausura de trabajos de un proyecto extractivista de Ricardo Salina Pliego en el Ejido Corcovada que Gallardo Cardona también defendió y justificó.
La reacción federal, en segundo lugar, tendrá repercusiones que comprometen de tal manera el proyecto que podría resultar inviable. La PROFEPA necesariamente reporta la situación a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, donde se tramita la MIA que fue suspendida desde el pasado 28 de agosto, lo que abonará a que se niegue esa autorización.
La MIA no es la única autorización cuya negativa frenaría el proyecto. La Procuraduría Agraria no ha aprobado los contratos de ocupación previa de las tierras dentro del trazo de la autopista firmados por los 19 ejidos que atraviesa porque se tienen indicios de irregularidades que los invalidan.
Entre las fallas se encuentra el hecho de que la mancuerna gobierno estatal-empresa concesionaria actúo con tanta voracidad por lograr los contratos de ocupación previa, que en muchos casos no aportaron la documentación completa a los ejidos y no todos han entregado la información a la PA para su validación.
La clausura de las obras del proyecto de autopista Entronque 75D-Matehuala es un caso más en el que la práctica empresarial depredadora para avasallar derechos y el medio ambiente pierde efectividad.
Y no es que no se puedan realizar proyectos como el de esa autopista, es que ahora –al menos la clausura indica eso– se tienen que realizar con cuidado y preservación del medio ambiente y con respeto y correspondencia con los derechos de los dueños de la tierra, en este caso los ejidatarios, quienes no se oponen a la obra, sólo piden ser compensados conforme a las normas y que se eviten daños ecológicos.
Nada desproporcionado, como lo han sido por muchos años los abusos que han padecido por parte de grandes empresarios.
