Por Victoriano Martínez
Mientras la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras (IPC) con el apoyo del gobierno del Estado realizará hoy un intento más por obtener a muy bajo costo las tierras que requieren para la autopista a Matehuala del Ejido El Peyote en una nueva asamblea, dos ejidos que ya habían malbaratado su territorio se suman a la resistencia a través de juicios de amparo.
Se trata de los ejidos San José de los Aguajes y sus anexos y Guadalupito-La Biznaga a los que la empresa ya había comprado sus tierras a un precio que en El Peyote calificaron como miserable: en torno a los 40 pesos por metro cuadrado.
A pesar de ya haber acordado con IPC la ocupación previa de sus tierras, las negociaciones que se abrieron en los ejidos El Peyote y Peotillos con la asesoría de la Procuraduría Agraria Nacional (PA) y la posibilidad de obtener beneficios sociales para sus comunidades indignó a los ejidatarios que consideraron haber sido víctimas de un abuso.
A la indignación, se sumó la coyuntura de que hubo cambio de autoridades ejidales, por lo que pronto aquello se convirtió en la posibilidad de recurrir a un juicio de amparo para frenar el proceso de entrega de sus tierras a la concesionaria de la carretera que ya no les proporcionaría ningún beneficio adicional.
El juicio de amparo iniciado por los ejidatarios de San José de los Aguajes se tramita en el Juzgado Primero de Distrito con número de expediente 1352/2025 y fue presentado el pasado 7 de octubre con la siguiente reclamación:
“La afectación de 82-00-00 hectáreas de tierras ejidales clasificadas como tierras de uso común, ubicadas en el interior del ejido por le ejecución del proyecto 0965 autopista entronque 75D-Matehaula, sin que se haya seguido el trámite de expropiación o acuerdo de ocupación, previamente con el ente agrario quejoso”.
En el caso de Ejido Guadalupito-La Biznaga, el juicio de amparo se presentó el mismo día y el trámite se turnó al Juzgado Segundo de Distrito con número de expediente 1530/2025 con el siguiente reclamo:
“Falta de notificación y/o emplazamiento al procedimiento de expropiación de aproximadamente 62-00-00 hectáreas de tierras ejidales clasificadas como tierras de uso común que se encuentran ubicadas al interior del ejido “Guadalupito-La Biznaga””.
En ambos casos se decretó la suspensión de plano “toda vez que dichos actos reclamados pueden tener por efecto privar total o parcialmente –en forma temporal o definitiva–, de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios del aquí quejoso”.
Para el juicio de San José de los Aguajes se programó la audiencia constitucional para el 29 de octubre en tanto que para Guadalupito-La Biznaga el 5 de noviembre.
Hasta antes de iniciados estos dos juicios de amparo, la concesionaria IPC contaba con las tierras sobre las que cruzará el trazo de la autopista de 18 ejidos y sólo faltaba concretar la ocupación de Peotillos y El Peyote, donde hoy intentarán lograr el convenio de ocupación previa en un clima de mucha tensión.
En El Peyote hubo cambio de autoridades ejidales a principios de mes y parte de las circunstancias que generan tensión es que el nuevo comisariado comenzó a promover los intereses de la empresa, además de que el alcalde de Guadalcázar, Guadalupe Verdin Puente, se sumó a presionar a los ejidatarios para que apoyen la venta de sus tierras a 70 pesos el metro cuadrado.
Verdin Puente llegó a prometer al candidato opositor al actual comisariado ejidal, que abiertamente se opone a malbaratar sus tierras, beneficios de todo tipo y un trabajo en la Presidencia Municipal.
Mientras las dificultades para ocupar las tierras que IPC requiere para construir la autopista se amplian (al acceso a 144 hectáreas quedó suspendido por los dos juicios de amparo), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona asegura que la autopista se construye a un ritmo acelerado.
“La autopista Matehuala-San Luis Potosí va a estar terminada en el 2027, antes, poquito antes, los trabajos van muy adelantados ya, vamos a tener supervisión de la carretera en próximos días para que vean qué tal va”, aseguró en un video que transmitió vía Facebook.
Una afirmación que resulta imposible por dos circunstancias: la construcción no puede comenzar porque la SEMARNAT no ha autorizado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que desde el 28 de agosto el trámite se mantiene suspendido en espera de información adicional por parte de la empresa. A menos que pretendan incumplir con la ley y comenzar sin esa autorización.
La segunda razón por la que resulta imposible que la carretera esté concluida antes de 2027 es porque en el cronograma de la obra (páginas 213-214) que aparece en la MIA contempla que inicie operaciones hasta el décimo año. Si la construcción comenzara este año, de acuerdo con el proyecto de la empresa, estaría terminada hasta el 2035.
Tras la prisa que exhibe Gallardo Cardona sobre la construcción de la autopista se ubica un acto de presunta corrupción. Se reportó a la SEMARNAT la existencia de un acuerdo promovido por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes para poder iniciar la construcción de la autopista sin contar con las autorizaciones.
Un indicio de tal acuerdo se dio durante el acto de arranque de la construcción de la autopista que se dio el 25 de agosto, en el que participó Eli Cervantes, director del Centro SICT en el Estado, lo que lo ubica como una línea de conexión con autoridades federales para avalar actos al margen de la ley para seguir adelante con una obra que no cuenta con MIA ni la posesión del territorio que requiere.
