Estela Ambriz Delgado
Integrantes del Consejo Hídrico Estatal (CHE) coinciden en que, los recientes hallazgos de mayores concentraciones de contaminantes en el agua subterránea deben tomarse con seriedad, y las autoridades deberían atender la problemática con una visión integral y responsable, identificar los pozos en riesgo, monitorear y hacer públicos los resultados, así como dotar agua segura en las zonas afectadas.
En relación a la advertencia del Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), de mayores concentraciones de flúor, arsénico y uranio en el agua subterránea –que es la principal fuente de abastecimiento-, Jonathan Quintero García y Edgar Piña Hernández, presidente y secretario del CHE, señalan que la única vía para atenderlo es una gestión responsable.
El presidente del consejo indicó que, es necesario que las autoridades consideren los estudios científicos con máxima seriedad, pues no se trata de una alerta menor ni de un hallazgo aislado.
Refirió que los altos niveles de contaminantes tienen múltiples causas, desde condiciones naturales del subsuelo, asociadas a formaciones volcánicas, hasta procesos de contaminación derivados de actividades humanas, todo ello agravado por la sobreexplotación del acuífero.
Por su parte el secretario mencionó que las autoridades deben tomar en cuenta que, a mayor profundidad de extracción el agua estará cada vez más contaminada, debido a es una condición natural estructural del acuífero, que tiene más concentraciones minerales y restos de radioactividad. Dijo hay zonas en donde ya se extrae el agua a más de 1un kilómetro.
Quintero García precisó que desde un enfoque científico y de salud pública, estos resultados no se pueden minimizar, pues existen normas claras, como la NOM-127-SSA1-2021, que establecen límites específicos para sustancias como el arsénico y el fluoruro en el agua potable, así como controles sobre la radiactividad.
Además de que organismos internacionales han advertido, que la exposición prolongada a estos elementos puede provocar efectos graves en la salud, como cáncer, daños en la piel, afectaciones cardiovasculares y problemas en el desarrollo cognitivo, especialmente cuando la exposición ocurre desde la infancia. Por ello el tema deja de ser técnico y se convierte en una alerta sobre la salud de la población.
“El problema se vuelve aún más delicado porque ocurre en un acuífero que ya está bajo una fuerte presión. Actualmente, se extrae mucha más agua de la que naturalmente se recarga, lo que genera un déficit importante”, agregó.
Esta sobreexplotación no sólo pone en riesgo la disponibilidad futura del agua, sino que también puede modificar las condiciones del subsuelo y facilitar la movilización de contaminantes. Por ello, considera que no basta con soluciones parciales como instalar filtros, ya que mientras se mantenga el mismo nivel de presión sobre el acuífero, el problema puede persistir o incluso agravarse.
La urgencia de una buena gestión hídrica
Piña Hernández indicó que para atender la problemática, como ya lo han advertido anteriormente en análisis realizados por el consejo, se requiere una gestión responsable de los acuíferos y evitar la sobreexplotación, para no tener que extraer el agua de profundidades cada vez mayores.
Es por ello que la situación atraviesa políticas industriales y de crecimiento urbano, que requiere la contención de ambos, porque invariablemente a mayor industria y población mas extracción de agua, cada vez con menor calidad y también con el riesgo de agotamiento de los acuíferos.
Sin embargo estimó que ese tipo de políticas no serían populares, porque implican desincentivar el crecimiento y se vive bajo un paradigma de posibilidad de crecimiento infinito.
“Nadie en la política ni en los sectores industriales están dispuestos a entrarle con esa seriedad o ese rigor, porque va en contra de sus intereses también”.
Por su parte, Quintero García dijo es importante señalar una diferencia de fondo: que mientras que el enfoque científico se basa en evidencia, en entender el problema y en proponer soluciones efectivas, el enfoque político pareciera que tiende a minimizar o manejar el problema según intereses partidistas o incluso económicos, vinculados a otros sectores.
“No se trata de confrontar, sino de reconocer que cuando un tema de salud pública se reduce a un asunto de percepción o de comunicación, se pierde tiempo valioso. Y en este caso, esa falta de sensibilidad o de prioridad institucional incrementa la preocupación”.
Reiteró que sí existen formas de atender esta problemática, pero requieren una visión integral y compromiso real. A nivel internacional se ha avanzado en modelos de gestión del agua que van desde la protección de la fuente hasta el consumo final, que incluyen identificar riesgos, establecer controles y aplicar tratamientos adecuados.
En el caso de contaminantes como el arsénico o el fluoruro, ya existen tecnologías probadas que permiten su remoción. En este sentido el presidente del CHE apuntó que, el problema no es la falta de conocimiento técnico, sino la ausencia de programas gubernamentales sólidos, objetivos, transparentes, bien financiados y supervisados que puedan ser implementados de manera sistemática a mediano y largo plazo, independientes de los resultados electorales.
Acciones a corto y mediano plazo
El también investigador del Colegio de San Luis (Colsan), plantea que para enfrentar esta situación es necesario actuar en distintos niveles. En lo inmediato, se requiere identificar públicamente los pozos que presentan riesgos, intensificar el monitoreo, hacer públicos los resultados de manera accesible y garantizar agua segura en las zonas afectadas, especialmente en escuelas, hospitales y colonias vulnerables. Así como asegurar la calidad del agua que se distribuye por pipas o agua embotellada.
En el corto y mediano plazo, es indispensable clasificar los pozos según su calidad y riesgo, aplicar tratamientos específicos donde sea necesario, mezclar fuentes cuando sea viable y, en casos críticos, retirar de la red aquellos pozos que no cumplen con las condiciones para consumo humano sin tratamiento adecuado.
Además de que es clave establecer sistemas de monitoreo permanente en la población, especialmente en grupos vulnerables, para detectar y prevenir efectos en la salud.
Destacó que a nivel estructural el reto es mayor, pues es necesario frenar la lógica de seguir presionando el mismo acuífero con crecimiento urbano, industrial e inmobiliario sin considerar sus límites.
Así como revisar las concesiones de agua y priorizar su uso con base en la protección y conservación de ecosistemas, el derecho humano al agua y la justicia hídrica; proteger las zonas de recarga; controlar la contaminación.
Además de lograr una coordinación real entre las instituciones de agua, salud, medio ambiente y desarrollo urbano, pues el que esté administrativamente fragmentado dificulta su solución.
Asimismo, Quintero García mencionó, es urgente contar con un sistema de información hídrica transparente, donde la ciudadanía pueda conocer con claridad la calidad del agua que está consumiendo, a fin de generar confianza y permitir una participación más informada y responsable.
En cuanto a las políticas públicas, indicó que una agenda mínima debería incluir el reconocimiento de la contaminación del agua subterránea como un tema prioritario de salud, el monitoreo constante y obligatorio de los principales contaminantes, transparentar la información, implementar de tecnologías de tratamiento donde se requieran.
La revisión de nuevas extracciones en acuíferos sobreexplotados, protección de las zonas de recarga, fortalecimiento de la coordinación entre instituciones, y que espacios técnicos y de participación tengan un papel real en la toma de decisiones.
Precisó que aunque no toda la ciudad enfrenta esta situación de urgencia, pues hay variaciones en la calidad del agua, si existe un problema grave y urgente en ciertas zonas, dada la presencia de contaminantes tóxicos en fuentes de abastecimiento, con evidencia científica acumulada durante décadas sobre sus efectos, por lo que es necesario actuar bajo el principio de precaución y no esperar a que el problema se agrave más.
Concluyó que, por ello los estudios del GUA, así como de otras instituciones como el Colsan, el Instituto Potosino de Investigación, Ciencia y Tecnología (IPICYT) y el Centro Público de Investigación CIATEQ, no deben verse como una alarma exagerada, sino como una base científica sólida que debe ser integrada junto con la participación vinculante de la ciudadanía para actuar, principalmente de los sectores más vulnerables.
“El mayor riesgo no es solo ambiental, sino humano. Y el mayor error sería tratar este tema como algo menor o meramente político como ha estado ocurriendo históricamente hasta el presente, en lugar de asumirlo con la responsabilidad que implica proteger la salud de la población y el futuro del agua en la ciudad”.
