Estela Ambriz Delgado
A pesar de que existen diversas investigaciones científicas y propuestas para atender de fondo la problemática del desabasto de agua potable y la sobreexplotación del acuífero potosino, tanto la Comisión Estatal del Agua (CEA) como Interapas han sido omisos en implementar alguna; por el contrario, inclusive el Gobierno del Estado incentiva proyectos extractivos como en el caso del ejido Corcovada, así lo considera el presidente del Consejo Hídrico Estatal (CHE), Jonathan Quintero García.
Algunas de estas propuestas se presentaron hace algunas semanas en la Agenda Hídrica para la zona metropolitana, elaborada por el Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), aunque también desde octubre de 2024 el CHE presentó un Plan Hídrico Estatal, que incluso se entregó directamente al titular de la CEA, José Gabino Manzo Castrejón, pero no se ha observado que a nivel estatal o municipal se busque implementar algo de lo planteado.
En el caso del Consejo Hídrico, Quintero García explicó que el documento presentado es un plan integral, dado que conjunta las investigaciones en torno al tema, desarrolladas al interior de este organismo, así como de la UASLP y el Colegio de San Luis (Colsan).
“Nosotros hemos llegado a proponer tanto a la dirección de la CEA, Interapas, ellos tienen la propuesta desde hace como un año, pero la verdad es que no hemos visto respuestas favorables de ninguna de las partes, por el contrario, hemos señalado que las medidas que se han tomado en ambas administraciones son contraproducentes a mediano y largo plazo”.
En este sentido, el también investigador del Colsan puso como ejemplos la visión y el proyecto de apertura de nuevos pozos por parte del ayuntamiento capitalino, lo cual han señalado en diversas ocasiones como algo contraproducente ya que incentiva la sobreexplotación del acuífero, cuando ya se encuentra en veda precisamente por estar sobreexplotado.
Asimismo, indicó como otro ejemplo de esto, la omisión del Gobierno del Estado por regular el desarrollo urbano, e incentivar nuevos proyectos extractivos contraproducentes en todo el estado, como el caso de Corcovada.
Algunas de las propuestas
El planteamiento desarrollado por el CHE son estrategias que atienden las causas y a los grupos que son afectados por la crisis hídrica y las inundaciones, fundamentado en trabajos científicos de distintas disciplinas, desde el área técnica y de infraestructura hasta lo ambiental, social, así como legal y de políticas públicas que, dadas sus coincidencias, busca empatarse con el Plan Hídrico Nacional.
Se caracteriza por ser sostenible, sustentable, integral y con perspectiva científica y multidisciplinaria, a fin de que las estrategias que propone puedan aplicarse para beneficio de la población y el acuífero, así como por promover el derecho humano al agua, la justicia hídrica, el diálogo de saberes, la transparencia, la participación social de comunidades y sectores urbanos afectados y vulnerables, así como la restauración, conservación y protección de los ecosistemas del estado, como la Sierra de San Miguelito.
Por otra parte, desde una perspectiva técnica, el GUA propone en su Agenda Hídrica definir la gestión del recurso hídrico a partir de los sistemas de flujo subterráneo y no de los límites administrativos actuales; esta visión integra ocho municipios interconectados por acuíferos comunes, siendo que los pozos que abastecen a los municipios conurbados captan agua de la misma fuente, por lo que es prioritario establecer una gestión de aprovechamiento del agua subterránea con una visión conjunta.
Estos municipios son Mexquitic de Carmona, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Cerro de San Pedro, Villa de Pozos, Villa de Arriaga y Villa de Reyes, en los que toda acción local tiene repercusiones regionales, dado que comparten recursos superficiales y subterráneos.
Se basa en cinco ejes estratégicos, que son el reconocimiento del agua como un derecho humano fundamental; estrategias basadas en la naturaleza para promover la infiltración y recarga de los acuíferos, infraestructura para captación y conservación para el agua pluvial; civismo hídrico como política educativa y comunitaria, a través del cuidado del recurso y actividades como reforestación; y la incidencia en políticas públicas y reformas normativas.
Asimismo, destaca la propuesta de una sectorización del sistema de redes de agua potable para una gestión inteligente que se traduzca en la eliminación y atención de fugas y de otras problemáticas, dado que en el centro del estado casi la mitad del agua se pierde antes de llegar a la población, por la deficiente infraestructura hidráulica.
