Estela Ambriz Delgado
Autoridades tének y náhuatl de 13 municipios de la Huasteca Potosina, organismos de la sociedad civil e investigadores, tomaron diversos acuerdos en el Foro Regional sobre fracking y en defensa del territorio, el agua y la vida, entre ellos la realización de asambleas comunitarias para establecer el rechazo a cualquier tipo de proyecto, hacer foros regionales, gestiones ante los ayuntamientos, y exigencias en torno a una postura clara del los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel estatal y federal.
En este foro, que fue celebrado el pasado 30 de agosto en el ejido San Pedro del municipio de San Antonio, con la participación de decenas de autoridades tének y náhuatl de 13 municipios de la región, se acordó rechazar categóricamente cualquier posibilidad de fractura hidráulica para extracción de hidrocarburos, como advierten que se pretende en el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, presentado por el Ejecutivo federal el pasado 5 de agosto.
Asimismo, se va a respaldar e impulsar la iniciativa de reforma constitucional para prohibir el fracking en México, enviada el 5 de febrero de 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, en la que se reconoce que dicha tecnología se encuentra catalogada como una de las más dañinas al medio ambiente a nivel mundial, y que afecta el derecho humano al agua, a la protección de la salud y al medio ambiente sano.
También se estableció garantizar que la información llegue a toda la población a través de todos los medios posibles; realizar asambleas generales comunitarias para levantar actas de asamblea en el que se rechaza la facturación hidráulica y cualquier megaproyecto lesivo de los derechos humanos y del medio ambiente, o en su caso ratificar una anterior manifestación de rechazo.
A esto se suma el fortalecimiento de las asambleas comunitarias y conformar los consejos comunitarios que integren a niñas, niños, jóvenes y mujeres; realizar reuniones de autoridades comunitarias en los 18 municipios, a fin de mantener actualizada la información y crear coordinaciones intercomunitarias por municipio.
Establecer lazos de comunicación y coordinación con los pueblos, comunidades y organismos civiles de la huasteca veracruzana e hidalguense; realizar foros regionales de forma regular, con la finalidad de intercambiar la información y generar propuestas de construcción de un modelo de desarrollo sustentable, incluyente de los diversos sectores sociales y productivos, con identidad cultural.
Mantenerse en alerta y vigilar cualquier incursión de equipos de exploración y/o extracción de hidrocarburos para, en su caso, movilizarse en respaldo a la comunidad, gestionar con todos los ayuntamientos municipales, cuyos territorios se encuentran amenazados por trabajos de exploración y extracción de gas y petróleo, para que levanten actas de cabildo en las que no se autorice cambio de uso del suelo ni trabajos orientados a la extracción de hidrocarburos.
En el caso de Tanlajás, además se impulsará que se ratifique como Zona de Conservación Ecológica, así como promover la colaboración de las instancias de pueblos indígenas en los distintos órdenes de gobierno; proponer al Congreso del Estado un punto de acuerdo para que los legisladores se sumen a la exigencia de prohibición.
Además se plantea exigir al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que se sume a la propuesta; al Congreso de la Unión, dar trámite a la iniciativa de reforma constitucional para prohibir el fracking en México; y solicitar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que se realicen las gestiones pertinentes para que esta se procese en la actual legislatura.
Se confirmará un equipo profesional para la defensa jurídica del territorio; establecer coordinación con universidades e investigadores para colaborar en información científica, mapeos, alternativas energéticas y apoyo técnico; e impulsar alianzas amplias se solidaridad con los pueblos amenazados, y con organismos de la sociedad civil a nivel regional, nacional e internacional.
En la reunión también quedó de manifiesto que el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, les alienta a decidir sobre cómo quieren vivir y que sea gestionado su territorio y recursos naturales como el agua y los bosques.
“En nuestra región no se nos puede imponer nada sin el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas, cuya población representa el 70 por ciento de los 735 mil habitantes que se asientan en núcleos agrarios de posesión ancestral y producto de largas luchas por la recuperación de sus tierras”.
