Fernanda Durán
La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma a la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios, presentada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías y el auditor superior del estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López.
El dictamen considera procedente la modificación de múltiples disposiciones legales, con el objetivo de normar la transición administrativa y judicial prevista para el 15 de septiembre.
De acuerdo con el diputado Luis Fernando Gámez, presidente de la comisión, la iniciativa busca llenar un vacío normativo derivado de la reforma judicial estatal, que eliminó al Consejo de la Judicatura y creó nuevas figuras como el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, responsables del manejo operativo, disciplinario y presupuestal del Poder Judicial.
Con la reforma, se establece por primera vez un procedimiento integral de entrega-recepción entre las personas juzgadoras salientes y las nuevas autoridades electas.
“Si bien es cierto había un procedimiento de persona juzgadora a persona juzgadora, no había un procedimiento como tal (…). Insisto, la propuesta es generar reglas claras para la transición, una transición ordenada, pacífica, apegada a derecho, pero para mi gusto lo más relevante es que se garantiza que los juzgadores puedan transmitir los expedientes de cada caso”, explicó el diputado tras la votación del dictamen.
De acuerdo con el legislador, el aspecto más relevante de la reforma es que garantiza que las nuevas personas juzgadoras reciban los expedientes completos y recursos materiales necesarios para resolver los asuntos que les corresponden.
El diputado afirmó que incluía sanciones aunque la iniciativa no establece un catálogo específico, pero deja abierta la posibilidad de aplicar responsabilidades administrativas, civiles o penales a quienes incumplan con el proceso de entrega-recepción.
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) podrá deslindar responsabilidades y promover las sanciones correspondientes, en apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y otras disposiciones aplicables. Establece tiempos límite, informes preliminares y formatos homologados para garantizar la trazabilidad del proceso.
El IFSE tendrá un rol central en el nuevo procedimiento, al ser facultado para emitir declaratorias de integración de comisiones, supervisar físicamente los actos de entrega-recepción e intervenir en caso de irregularidades.
“El papel del IFSE tiene nuevas atribuciones, si bien es cierto ya tenía la facultad de revisar al Poder Judicial, ahora profundiza sus atribuciones, las amplía porque será el órgano facultado para supervisar el proceso de entrega-recepción”, subrayó Gámez Macías.
El proyecto aprobado modifica artículos que regulan desde la entrega individual de expedientes hasta el acto protocolario oficial, y se formaliza la integración de comisiones de entrega y recepción, el corte de información a finales de agosto, la validación de documentos ante el IFSE y la posibilidad de realizar el acto en sedes alternas por causas justificadas.
Se prevé que pase al Pleno del Congreso en las próximas sesiones ordinarias, ya que la fecha límite para su entrada en vigor es el 15 de septiembre, cuando se instalarán las nuevas autoridades judiciales.
Pese al respaldo unánime de la Comisión de Vigilancia, la propuesta fue cuestionada previamente por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado morenista Carlos Arreola Mallol, quien consideró innecesaria la reforma, pues señalaba que los procedimientos de entrega-recepción ya estaban contemplados en la ley vigente y en los artículos transitorios de la reforma judicial.
