Estela Ambriz Delgado
La demanda en contra de la escritura fraudulenta con la que un particular pretendía despojar de sus predios a habitantes de Wadley, en el municipio de Catorce, para venderlos a la agroindustria, sigue su curso legal y cuenta con un importante avance en la integración de pruebas.
El colectivo Defensa Wadley informó que, de acuerdo con lo transmitido por su abogada, Quetzal Prado Meza, el procedimiento contra Juan Coronado Rodríguez sigue su curso legal y se encuentra con la integración de las pruebas, además de que todas las partes involucradas han sido debidamente notificadas.
Aunque les indicó que este proceso tomará al Colegiado entre tres y cinco meses, más el tiempo de otros que vendrán por delante, por lo que el colectivo pide paciencia a quienes les apoyan, así como mantener la unidad.
“Sabemos que la espera puede resultar difícil, pero queremos transmitirles tranquilidad y confianza: estamos plenamente comprometidos en resolver esta situación y todo indica que avanzamos hacia una resolución definitiva favorable. Les pedimos paciencia y unidad”.
En este sentido, continúan solicitando el apoyo económico de la población para la elaboración de pruebas periciales en materia topográfica, que muy posiblemente se requieran aportar próximamente.
“Mantengamos la calma y no caigamos en el desánimo; nuestra situación está en manos de las autoridades competentes y el proceso se está llevando conforme a la ley”.
El 30 de octubre de 2025 el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado concedió la suspensión definitiva en el amparo presentado por los afectados, por lo que la escritura fraudulenta se encuentra suspendida hasta que se resuelva el juicio.
A través del Juez Civil del Segundo Distrito Judicial en el estado con sede en Matehuala, a cargo de Santiago Herrera Urbina, Coronado Rodríguez inscribió un contrato falso en el Instituto Registral y Catastral (IRC), con el que realizó diversas ventas. Por lo que la suspensión aplica para las autoridades del IRC, y el Registro Público de la Propiedad, y las imposibilita a inscribir nuevas escrituras, así como también aplica al juzgado, por lo que legalmente el particular está impedido a hacer más ventas.
