Avanza proceso judicial de caso Rich tras un año estancado

María Ruiz

A casi dos años de los hechos ocurridos el 7 de junio de 2024 en el antro Rich, donde dos jóvenes perdieron la vida al caer del barandal del establecimiento —que presuntamente operaba con inconsistencias, sin permisos ni revisiones correspondientes— y donde además varias personas resultaron lesionadas, continúa avanzando el proceso judicial relacionado con el caso.

El pasado miércoles se llevó a cabo la audiencia intermedia en el Centro de Justicia Penal, una etapa clave dentro del proceso que, de acuerdo con familiares de las víctimas, había sido aplazada en múltiples ocasiones. La diligencia tuvo una duración de ocho horas continuas.

En este contexto, una de las víctimas indirectas por la muerte de su hijo, el señor Ramón Infante, informó que esta fase del procedimiento finalmente pudo desarrollarse después de numerosos retrasos.

“Después de 13 intentos por llevar a cabo esta etapa del proceso y un año de alargamiento entre evasivas, chicanadas y acuerdos preparatorios sobre víctimas, se dio apertura a esta audiencia”, declaró.

Infante explicó que actualmente el caso se encuentra en la etapa de depuración de pruebas, en la que se analizarán los elementos presentados por las partes involucradas para definir el avance del juicio.

Asimismo, señaló que durante esta audiencia se acordó llamar a comparecer ante el juez a diversos funcionarios y particulares, con el objetivo de valorar el posible grado de responsabilidad por homicidio culposo.

“Se acordó llamar a comparecer ante el juez para valorar el grado de responsabilidad por homicidio culposo a funcionarios gubernamentales, tanto municipales de San Luis capital como estatales de San Luis Potosí, así como a personal de seguridad privada de Plaza Alttus, socios y propietarios de la misma, entre otros de carácter civil”, precisó.

El padre de una de las víctimas consideró que con ello la Fiscalía finalmente da continuidad al proceso judicial, después de permanecer detenido durante más de un año.

“Con esto se da seguimiento por parte de la Fiscalía al proceso después de un año de estar empantanado y tratando de viciarlo”, afirmó.