Fernanda Durán
La iniciativa para establecer un sistema de pensiones a policías municipales, propuesta por el Ejecutivo estatal y aprobada en comisión por unanimidad, avanza rumbo al Pleno, sin contar con un estudio de impacto presupuestal que respalde su viabilidad financiera, como lo establece el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El artículo señala que toda propuesta que implique la creación de gasto debe acompañarse de una evaluación de impacto presupuestario, validada por el Ejecutivo estatal.
“A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento, o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso, primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional, para cubrir los nuevos gastos en los términos del párrafo anterior”.
Las iniciativas de ley o de decreto que se presenten a la consideración del Congreso del Estado deberán ir acompañadas por una evaluación del impacto presupuestario del mismo, la cual será validada por el Ejecutivo Estatal, previo a su aprobación. Asimismo, la Secretaría realizará las estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que emita el Ejecutivo, que impliquen costos para su implementación.
La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la normatividad estatal, se realizará en el marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual se sujetarán a la capacidad financiera de la Entidad.
Sin embargo, el presidente de la Directiva del Congreso, Cuauhtli Badillo Moreno, aseguró que en este caso no aplica porque se trata de un asunto de autonomía municipal.
“Impacta presupuestalmente cuando, como bien comentas, tiene que ver con la administración estatal, ahorita como estamos legislando una Ley Orgánica del Municipio Libre, ellos tienen una autonomía financiera además de cuentas. Entonces, no viene un impacto presupuestal porque no podemos nosotros incidir en esa autonomía; el federalismo es una constante y se garantiza en San Luis Potos. Se está planteando que en la manera de sus posibilidades pueda llevarse a cabo, que se pueda aterrizar esta idea y que se pueda fortalecer a las corporaciones policíacas y, en ese sentido, tendrá también que ir el ayuntamiento trabajando parte de su presupuesto a esta área”, afirmó.
Cuestionado sobre si esto significaría que la reforma se aprobó sin cumplir con la exigencia legal de contar con un estudio de impacto presupuestal, Badillo argumentó que, al tratarse de los municipios, estos tienen autonomía financiera y es a ellos a quienes corresponderá ajustar sus recursos para cumplir la disposición.
“Ellos tienen una autonomía presupuestal, los ayuntamientos tienen su propia autonomía, nosotros como Congreso no analizamos, no aprobamos los presupuestos de egresos de los ayuntamientos, solamente trabajamos las leyes de ingresos, los proyectos de leyes de ingresos. Ellos tienen autonomía, por tanto, entiendo que no hay un estudio de impacto; ellos tendrán que ir trabajando a la hora de que ya vayan aterrizando, ya vayan acercándose a la disposición que nosotros vamos a legislar el próximo viernes y en esa medida pues tendrá que ir adecuándose a los ayuntamientos para cumplir la ley”.
Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Carlos Arreola Mallol, defendió que la propuesta no surge “de la nada” y que existen fondos federales en materia de seguridad pública que podrían ser administrados para financiar las pensiones.
“Ahí mismo también se reconoce esto como un derecho, a lo cual tampoco se crea de la nada, se dice hay fondos federales en materia de seguridad pública que pueden irse administrando. Tampoco es que el dinero se tenga que ir a la suburban del presidente municipal, se trata de que este fondo se inicie para iniciar un fondo y empezar a crear estas condiciones económicas de los municipios.
Se requiere también la vista de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se requiere un análisis financiero y lo que estamos haciendo en el articulado transitorio es señalarle a los municipios que esto se tiene que considerar para el siguiente presupuesto, para el siguiente ejercicio fiscal”.
Arreola agregó que la medida todavía tendrá que aprobarse en los cabildos municipales, quienes definirán las reglas específicas de sus sistemas de pensiones.
Además, advirtió que si los ayuntamientos incumplen con esta nueva obligación constitucional podrían enfrentar procesos en sus contralorías internas o incluso un juicio político.
Mientras jurídicamente la ley exige estudios de impacto presupuestal cuando se crean nuevas obligaciones financieras, en el Congreso se argumenta que la carga recae en los municipios por su autonomía.
En los hechos, serán los ayuntamientos quienes deban ajustar sus presupuestos para cumplir con la reforma sin que exista, por ahora, un análisis técnico que aclare cómo se sostendrá el sistema de pensiones.
