María Ruiz
El Ayuntamiento de San Luis Potosí capital difundió recientemente un boletín en el que afirma haber recibido una evaluación positiva en el estudio La otra vía elaborado por México Evalúa, sobre políticas locales de seguridad pública.
Sin embargo, una revisión detallada del informe muestra datos que matizan —y en algunos casos contradicen— la narrativa institucional.
San Luis Potosí registró la mayor tasa nacional de robo a transportistas, con 26.06 casos por cada 100 mil habitantes en el periodo 2021–2024. Este delito, vinculado a la logística comercial, refleja afectaciones directas a las cadenas de distribución y una limitada capacidad de respuesta institucional frente a delitos de control territorial.
Además, la capital potosina reportó una de las tasas más altas de narcomenudeo: 779.8 casos por cada 100 mil habitantes, frente a un promedio nacional de 48. El incremento registrado en este delito fue de 779.8 por ciento, el segundo más alto del país. Este tipo de delito está asociado al despliegue territorial de organizaciones criminales y puede ser indicativo de disputas locales entre grupos delictivos.
En el caso del robo a negocio, San Luis Potosí también supera la media nacional: 241.2 casos frente al promedio de 87.9. Este delito impacta de forma particular a las pequeñas y medianas empresas, inhibiendo la actividad económica local.
El robo de vehículo se ubicó igualmente por encima del promedio nacional, con una tasa de 242.5, aunque el informe señala que este delito disminuyó 29.5 por ciento durante el periodo analizado, lo que contradice versiones que lo muestran en ascenso.
Respecto al delito de extorsión, la capital potosina presentó una tasa de 6.15, por debajo del promedio nacional de 9.01, pero se documenta un incremento del 14.8 por ciento en su frecuencia. Si bien autoridades locales reconocen su existencia, la tendencia marcada por los datos oficiales muestra una trayectoria ascendente.
El indicador agregado de delitos de alto impacto, que combina ocho tipos delictivos relevantes, posiciona a San Luis Potosí en el tercer lugar nacional, con 649.79 casos por cada 100 mil habitantes, muy lejos del promedio nacional de 264.35 y de los municipios que lograron reducciones sostenidas.
El estudio reconoce la implementación de algunas políticas preventivas, como el uso de cámaras de vigilancia y patrullajes focalizados, pero advierte que los resultados no permiten hablar aún de una transformación estructural en el modelo de seguridad pública local.
México Evalúa subraya que una mejora sostenible requiere estrategias multiescalares, arraigadas territorialmente y alejadas de enfoques centralizados o dependientes de la militarización. Este modelo, según el estudio, aún no se consolida en San Luis Potosí capital.
