María Ruiz
El alcalde Enrique Galindo Ceballos reveló que el Ayuntamiento de San Luis Potosí enfrenta cinco demandas por daño moral relacionadas con el caso Rich —hecho ocurrido el 7 de julio de 2024, donde dos jóvenes perdieron la vida y otros más resultaron lesionados al fracturarse el barandal de un negocio que operaba sin licencias ni permisos—, que en conjunto ascienden a casi 300 millones de pesos.
El edil lamentó que el asunto haya llegado a tribunales, pese a que, afirmó, su gobierno “siempre estuvo abierto” a acuerdos con las familias afectadas.
“Hoy el Ayuntamiento trae demandas por daño moral por casi 300 millones de pesos. Lamento mucho que un tema tan doloroso para mí y para la ciudad haya llegado a un tribunal. Nosotros siempre estuvimos abiertos a un arreglo; hay daño moral, yo lo reconozco”, declaró.
Galindo aseguró que ha sostenido numerosas reuniones con las familias, incluidas las de los dos jóvenes fallecidos, y reiteró que su administración sancionó al responsable y que incluso se reformó el Reglamento de Comercio a petición de los padres.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre el contenido del oficio PCM/DJ/341/2024 de Protección Civil Municipal —en el que la dependencia señala que uno de los menores ingresó “por propia voluntad” y que los jóvenes “no midieron el riesgo”, afirmación que las familias consideran revictimizante—, el alcalde evitó dar una respuesta directa. En su lugar, argumentó que el documento forma parte de la estrategia jurídica del Ayuntamiento.
“No es un nuevo dictamen. En la defensa del patrimonio municipal tuvimos que plantear la defensa en varios sentidos; una de tantas es esa. Yo no voy a ventilar más por respeto a las familias”.
El oficio fue entregado a los padres el 5 de junio de 2025, a dos días del primer aniversario de los hechos, y su difusión pública el 1 de diciembre reavivó la molestia de los familiares, quienes denuncian que la narrativa oficial tiende a responsabilizar a los jóvenes.
Galindo explicó que no todas las acciones legales están dirigidas exclusivamente al municipio, pues hay al menos dos demandas más que también señalan al Gobierno del Estado y a sus dependencias.
Detalló que incluso las familias de los dos jóvenes fallecidos forman parte de estas demandas por daño moral: uno de los padres decidió demandar tanto al Estado como al Ayuntamiento, mientras que el otro lo hizo únicamente contra la administración municipal.
En conjunto, son cinco los procesos legales en curso: todos alcanzan al Ayuntamiento, mientras que dos más también señalan al Gobierno del Estado, uno de ellos promovido por el padre de una de las víctimas mortales.
El edil insistió en que el municipio fue la instancia que reaccionó “de mejor manera” frente a la crisis generada por el caso Rich.
