María Ruiz
Cuando se trata de recursos públicos, la transparencia debería ser regla. Sin embargo, la intervención en la casona de avenida Venustiano Carranza 905, evidencia lo contrario.
Una solicitud de información realizada por Astrolabio Diario Digital reveló evasivas y omisiones que impiden conocer el costo real del proyecto, la fuente de los recursos y los estudios técnicos que respaldaron la decisión de intervenir el inmueble.
A través de la solicitud de información con folio 240474425000396, Astrolabio solicitó tres datos principales de las obras de rehabilitación del inmueble: el monto total de recursos presupuestados y ejercidos, la fuente de financiamiento y el detalle de partidas aplicadas como obra, logística, seguridad, comunicación, entre otras.
El Ayuntamiento respondió que las direcciones de Servicios Municipales y de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos no realizaron erogaciones, no compraron insumos y que el personal trabajó dentro de su jornada habitual, sin pagos extraordinarios.
No obstante, la explicación deja fuera un punto crucial: aunque no hubo gasto adicional, sí se emplearon recursos humanos, maquinaria, materiales y herramientas, cuyo valor económico no fue cuantificado ni reportado. Así, el municipio sostiene que “no hubo gasto”, pero reconoce la inversión de recursos municipales.
En la solicitud se pidieron por igual documentos que expusieran la justificación del proyecto, incluyendo diagnósticos urbanos, estudios de movilidad y evaluaciones técnicas. El Ayuntamiento no entregó ninguno de estos documentos.
En cambio, se limitó a señalar un contrato de comodato con la empresa propietaria, Venustiano S.A. de C.V., mediante el cual el municipio puede usar el inmueble de manera gratuita para instalar una caseta de vigilancia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Este contrato se presenta como la única justificación oficial, sin responder a la exigencia de estudios técnicos o diagnósticos previos.
La omisión alcanza también a otros aspectos solicitados como los procedimientos administrativos o legales previos (clausuras, multas o autorizaciones), planes de seguimiento, mantenimiento o promoción urbana derivados del proyecto, e incluso carece de cronograma de inicio, conclusión y seguimiento de las obras.
Además, el contrato de comodato fue negado en versión digital. La administración argumentó que solo existe en formato físico y que, según el artículo 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no está obligada a digitalizarlo. Esta interpretación, aunque legal, limita el acceso ciudadano a la información.
El caso de la casona de Carranza expone un patrón de respuestas parciales y evasivas. Frente a una solicitud específica sobre recursos y justificación, la autoridad se limitó a alegar que “no hubo gasto directo” y a presentar un contrato como único sustento legal. Deja en la sombra el verdadero costo de la intervención y la ausencia de diagnósticos técnicos.
Christian Azuara Azuara, director de Servicios Municipales, explicó que su dependencia aportó personal para realizar la intervención como parte de sus funciones habituales, mientras que la maquinaria y otras herramientas fueron proporcionadas por empresas externas y supervisadas por la dirección de Gestión Ecológica.
“Obviamente, participaron empleados del área y eso ya viene como parte de sus actividades como ya habíamos comentado la vez pasada, se habían acercado algunos empresarios, y el mismo hotel. Todo el tema de contabilidad se lo llevó con el tesorero del Ayuntamiento, el mismo dueño del predio. Lo que nosotros generamos fue el tema del personal que activó ese día. Ahí también trabajó Ecología a través de la empresa Vigue Red Ambiental, que aportó maquinaria.
El costo verdaderamente se generó más por el tema del personal que por un tema de gasto monetario. La mayoría de los empresarios que pudieron colaborar aportaron herramientas y materiales, y todo fue coordinado a través de Tesorería, que tiene contacto con el dueño del inmueble y los proyectos futuros que el alcalde pudiera contemplar”.
Aunque Azuara detalló la participación de personal y maquinaria, no precisó cantidades exactas de recursos ni los nombres completos de todas las empresas o empresarios que apoyaron la intervención.
Por su parte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos amplió la perspectiva al referirse a los apoyos externos, principalmente del Hotel Real Plaza y del restaurante Burger King, así como la colaboración de vecinos de la zona.
Sin embargo, tampoco cuantificó la aportación en recursos económicos, materiales o herramientas.
“Los dueños, a través de su razón social, Hotel Real Plaza y Burger King, aportaron materiales y mano de obra. Habría que definir exactamente qué consideramos recursos; si hablamos de financieros, prácticamente la exoneración es cero. En recursos humanos, muchos intervinieron, incluido yo.
El convenio de comodato con el dueño da el marco jurídico a nuestra intervención. Los vecinos también participaron, aportando pintura, limpieza y colaboración general. En cuanto a empresas, el Hotel Real Plaza hizo la mayor aportación, y Burger King también colaboró. Podemos entregar copias del comodato y del convenio, pero no hay un registro detallado de cantidades exactas de materiales o herramientas proporcionadas”.
Ambos funcionarios sostuvieron que la intervención fue una acción conjunta entre personal municipal, empresas privadas y vecinos.
Sin embargo, la falta de cifras concretas y de documentación técnica deja sin claridad el verdadero alcance y costo de la obra, así como el uso de recursos públicos.
