Ayuntamiento de SLP pide tiempo para revisar señalamientos por el caso de Grupo Saserro

María Ruiz

Luego de que está semana se publicó la investigación realizada por la organización Ciudadanos Observando, en la que se denuncia un posible daño patrimonial superior a los 84 millones de pesos derivado de un contrato con la empresa Grupo Saserro para el suministro de agua en pipas entre julio de 2022 y diciembre de 2024, es decir, durante el primero trienio de Enrique Galindo Ceballos, el Ayuntamiento de San Luis Potosí y el organismo operador Interapas solicitaron públicamente tiempo para revisar la documentación correspondiente.

Según la denuncia pública, el contrato con Saserro —empresa presuntamente vinculada con el grupo político de los Santos Fraga— se habría otorgado mediante licitaciones presuntamente amañadas, con sobreprecios del 32 por ciento, ausencia de supervisión operativa y sin que la empresa pagara por el agua que distribuyó, aunque sí facturó como si lo hubiese hecho. Todo esto en el marco de la crisis hídrica que afectó severamente a la zona metropolitana durante los años mencionados.

Ante esto, el director general de Interapas, Daniel Hernández Delgadillo, aseguró que aún no tenía conocimiento directo de la documentación publicada.

“No conozco la nota. Cuando la lea, te afirmo o te niego la información con mucho gusto. Tenemos muchos proveedores, yo tengo cerca de 300 contratos. Ese [el de Saserro] no lo tengo detectado en este momento”, dijo.

Hernández Delgadillo reconoció que durante los años de crisis se recurrió a múltiples contratos para atender la emergencia, aunque evitó emitir un juicio anticipado sobre el caso específico de Saserro.

Por su parte, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, expresó respeto hacia la organización denunciante, y en cuanto a la posible relación de la empresa con figuras políticas como los Santos Fraga, minimizó su relevancia legal.

“Todo se licita. Si ganaron una licitación, no es ilegal. Aquí en San Luis, todos somos familiares de todos”, señaló.

Asimismo dijo que “esos contratos no están observados ni revisado por ninguna autoridad competente. Fue el año de la crisis del agua y se repartieron millones de litros en pipas, porque no había agua. Debe ser eso, no tengo ninguna duda”.