María Ruiz
El Ayuntamiento de San Luis Potosí negó el acceso al padrón de los principales deudores del impuesto predial en la capital bajo el argumento legal del “secreto fiscal”. Sin embargo, esta determinación administrativa resulta contradictoria si se compara con la difusión pública de adeudos millonarios específicos realizada por el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, así como con la publicación de los datos patrimoniales de cientos de miles de contribuyentes en la Plataforma Estatal de Transparencia.
A través de la solicitud de información ingresada con folio 240474426000017, se requirió a la administración capitalina el listado de los cinco mayores deudores del predial en el municipio, incluyendo el nombre del contribuyente o razón social, dirección del inmueble, sector económico, monto total adeudado, periodo de la deuda y estatus del cobro.
No obstante, la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal emitió una respuesta en sentido negativo, fundamentada en el artículo 54 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí:
“Existe una prohibición expresa para que los servidores públicos proporcionen datos en relación con los contribuyentes. (…) Revelar identidades asociadas a montos insolutos vulnera el derecho a la intimidad y expone el estado económico del individuo. (…) El adeudo de predial de una persona, física o moral, encuadra en la hipótesis de información confidencial al revelar el historial crediticio. (…) Liberar estas bases de datos comprometería el patrimonio personal de los funcionarios, quienes enfrentarían procesos de destitución, inhabilitación y posibles demandas por daño moral”.
El caso Minera México
A pesar del marco de confidencialidad referido por la Tesorería Municipal para clasificar la información, el alcalde Enrique Galindo Ceballos ha expuesto públicamente la situación fiscal de contribuyentes con adeudos.
Desde 2024, el edil dio a conocer que la Minera México (IMMSA) registraba un adeudo acumulado de aproximadamente 220 millones de pesos por concepto de impuesto predial.
Posteriormente, informó que durante el transcurso de 2025 la cifra aumentó hasta rondar los 280 millones de pesos, lo que representa un incremento del 27.7 por ciento en un año. Declaraciones que públicamente exponen a una razón social específica y que, según lo fundamentado en la solicitud, también rompería con sus propios principios de legalidad y confidencialidad.
Por otro lado, los reportes de ingresos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, disponibles al público, detallan un historial de aportaciones que difiere significativamente del pasivo señalado por el presidente municipal.
En el año 2024, se registran dos pagos realizados que sumaron 91 mil 386 pesos; en el año 2025 se registraron 11 pagos efectuados, que en total sumaron la cantidad de 241 mil 726 pesos; y en enero de este año apenas se registraron dos pagos que suman un total de 7 mil 337 pesos.
En total, desde enero de 2024 a la fecha, IMMSA ha pagado por predial un monto de 340 mil 449 pesos.
Datos abiertos en la Plataforma de Transparencia y antecedentes
El argumento municipal respecto a la imposibilidad de publicar padrones para no violar la privacidad patrimonial también encuentra un contraste documentado en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET).
Actualmente, la PET mantiene públicos los nombres y montos exactos de los ciudadanos que sí cumplen con el pago del predial. Los registros de acceso público muestran a 197 mil 855 contribuyentes que pagaron en enero de 2024 a 172 mil 592 contribuyentes que pagaron en enero de 2025 y 173 mil 069 contribuyentes que pagaron el mes pasado el predial.
Adicionalmente, existe un precedente hemerográfico publicado por Proyecto Tábano en febrero de 2014. En aquella fecha, ante una solicitud de información similar, el Ayuntamiento entregó tanto la relación de deudores como la de los contribuyentes cumplidos en archivos digitales abiertos, demostrando que la administración municipal posee la capacidad técnica para procesar y entregar la información en formatos de disposición pública.
Esta información, y los datos públicos disponibles, expone una discrepancia en la aplicación de los criterios de confidencialidad de la que hoy día hacienda municipal argumenta que revelar adeudos de predial es una “transgresión normativa” que vulnera la “privacidad patrimonial”.
