Desiree Madrid
La reciente reforma propuesta por el Gobierno del Estado para mejorar el sistema de pensiones de los policías implicará un reto financiero para los municipios, quienes deberán buscar la manera de costear este nuevo esquema.
Aunque el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, asegura que sí existen formas de solventarlo, lo cierto es que el anuncio ha dejado más preguntas que respuestas.
Al ser cuestionado sobre si los ayuntamientos contarán con suficiencia presupuestaria, Torres Sánchez respondió:
“Sí, claro, lo hemos venido platicando. Hay diversas formas o fondos para materializar esta reforma”, dijo.
La propuesta, impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, plantea dignificar el retiro de los policías mediante condiciones laborales más justas. Sin embargo, la falta de claridad sobre el origen y aplicación de los recursos ha generado escepticismo en distintos sectores.
A este respecto, el secretario señaló que “es un tema compartido, es decir, los propios beneficiados empiezan a aportar también”, refiriéndose a que los elementos de seguridad contribuirían directamente al fondo de pensiones.
Torres Sánchez mencionó que una posible fuente de financiamiento podrían ser los fondos federales etiquetados para seguridad pública:
“Inclusive acuérdate que es un tema compartido (…) y hay recursos federales que se deben canalizar a este tipo de acciones”.
El secretario defendió la propuesta al asegurar que “la seguridad pública es una asignatura de primer orden en todo el país, no sólo en San Luis Potosí”, además de que “por años se ha exigido mucho a los elementos, pero no se les ha dado lo que merecen”.
Pese a ello, la reforma aún debe pasar por el Congreso del Estado, donde podría encontrar obstáculos si no se despejan las dudas sobre su impacto presupuestal. Por ahora, Torres Sánchez insiste en que no se trata de una medida improvisada:
“Son héroes, dan la vida por nosotros, lo menos que podemos hacer es dignificar su servicio”.
Mientras tanto, los municipios esperan mayor claridad sobre cómo cumplir con una obligación que, aunque reconocida como necesaria, llega en un momento complejo para las finanzas locales en dónde no todos los municipios cuentan con los mismos recursos ni con la misma cantidad de elementos de seguridad.
