Alejandro Rubín de Celis

No hay vuelta de hoja. El nuevo fiscal anticorrupción que habrá de ser electo en fecha próxima será un incondicional de Juan Manuel Carreras. Ya no importa si es ahora o dentro de un año que se apruebe una reforma constitucional para dar autonomía a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, porque la iniciativa en tal sentido que en un primer momento ha sido rechazada en el pleno legislativo, supuestamente por razones presupuestales, pero que será votada nuevamente, no incluye algún mecanismo para evitar que el gobernador tenga injerencia en su elección.

Los diputados no deben generar expectativas falsas a la ciudadanía en el sentido de que aprobar una reforma constitucional antes de que el gobernador envíe una nueva terna garantizará contar con un fiscal anticorrupción independiente, como lo ha hecho en semanas recientes el diputado Rolando Hervert Lara, al sostener que si primero se aprueba la modificación constitucional es factible que se elija como fiscal anticorrupción a una persona que no esté ligada al gobierno, a políticos influyentes o a grupos de poder.

La razón es simple y al mismo tiempo profunda. El proyecto de decreto que fue presentado para su votación en la sesión del pasado 20 de agosto y que fue rechazado básicamente por razones presupuestales, no modifica en forma alguna la manera como se elige al titular de la mejor conocida como Fiscalía Anticorrupción.

El párrafo quinto del artículo 122 BIS que es el crucial para poder quitarle al gobernador la facultad de proponer ternas en una segunda vuelta ─tampoco se le quita en la primera─, sólo ofrece un par de modificaciones de forma que en nada cambian el sentido del texto. La propuesta votada  el 20 de agosto dice lo siguiente respecto de ese párrafo: En caso de que el Congreso rechace la propuesta ꟷlo que ya sucedióꟷ, la o el titular del Ejecutivo del Estado presentará una nueva terna en los términos del párrafo anterior; si esta segunda propuesta fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de la misma, designe la o el Gobernador del Estado. Lo único que cambia respecto de la norma vigente son las palabras en negritas que sustituyen al enunciado Gobernador del Estado, en el primer caso, y la o, en el segundo, que es un añadido.

La única posibilidad real de evitar que el gobernador imponga al fiscal anticorrupción en la  coyuntura actual es que en la nueva reforma constitucional que envíen las comisiones dictaminadoras al pleno para su votación, se establezca un nueva forma de elección que elimine por completo la intervención del mandatario ─y que también opere para propuestas de primera terna en el futuro─ y eso, con toda seguridad, no va a suceder, por la propia sumisión que hay de la mayoría de los legisladores hacia el Ejecutivo.

De manera que Juan Manuel Carreras López, con el apoyo e interés particular de Alejandro Leal Tovías, secretario general de gobierno, está en condiciones de imponer a Felipe Aurelio Torres Zúñiga como nuevo fiscal carnal anticorrupción, dada la ambigüedad del párrafo quinto del 122 BIS constitucional que se refiere a una nueva terna que no define si estará integrada o no por personas completamente distintas a la primera terna.

Como antecedente, el ex fiscal anticorrupción, Jorge Vera Noyola, fue electo de una segunda terna compuesta por personas diferentes a quienes integraron la primera. El gobernador podría simular nuevamente hacerlo de esa manera a sabiendas de que quien quede le protegerá las espaldas de aquí a que termine su mandato y más, al igual que a otros prominentes miembros de la clase política, comenzando por el fiscal general, Federico Garza Herrera.

Sin embargo, debido a la ambigüedad referida, Carreras López podría incluir en la nueva terna al abogado Torres Zúñiga y, como siempre ha sucedido en los procesos donde se elige sobre propuestas que hace el gobernador, completarla con dos comparsas que ya saben que no serán electos.

Desde que se votó la primer terna para el cargo en el Congreso del Estado que fue rechazada en noviembre de 2017, organizaciones de la sociedad civil han exigido ser tomadas en cuenta en la integración de las ternas con propuestas de ciudadanos  independientes, capaces técnicamente y de reconocida solvencia moral,  que sean ajenos a gobiernos, partidos políticos y actores de poder,  pero el secretario general de gobierno sólo les ha dado atole con el dedo.

Antes de que se rechazara la terna que integraba Felipe Aurelio Torres Zúñiga, Alejandro Leal Tovías declaró a la prensa que se estaba consultado a  colegios y asociaciones de abogados, así como a organizaciones sociales, para identificar y proponer los mejores perfiles, lo cual fue desmentido por representantes de la sociedad civil que insistían en que el ex magistrado no debía formar parte de la propuesta del gobernador dado que está claramente identificado con un grupo político. Como era de esperarse, Leal Tovías no les hizo caso y su delfín apareció en la terna.

Penosamente la historia se repetirá. Organizaciones sociales y agrupaciones de abogados ya trabajan en identificar a los mejores perfiles ciudadanos para proponérselos al Ejecutivo. José Enrique Hernández Narváez, presidente del Colegio de Abogados de San Luis Potosí, A.C. aún tiene fe en que es posible evitar una imposición del gobernador si la sociedad se une: “aquí la situación es que si nos unimos para fortalecernos, podemos lograrlo, si proponemos de forma individual, el poder del estado nos aplastaría y no podríamos contra ellos, pero si estamos unidos, (con) la presión social, podríamos lograr un cambio fundamental”, declaró.

Es factible que en esta ocasión Carreras los considere y acepte un candidato ciudadano que ellos propongan con tal de simular apertura y que se les tomará en cuenta, pero al final habrá operado para que la mayoría calificada  del Congreso, con la posible compra de algunas voluntades legislativas ─aun cuando Rolando Hervert exima a los diputados panistas de vender su voto─, elija entre los otros dos que serán sus cartas ─ya logró los 18 votos necesarios para elegir por mayoría calificada al consejero de la Judicatura, Javier Delgado Sam, en segunda vuelta─, y uno de ellos puede ser Torres Zúñiga. Si la terna no es aprobada, por ley el gobernador designará al fiscal de su conveniencia.

Así es que el diputado Hervert y otros legisladores que han impulsado de manera tardía la reforma constitucional ─las iniciativas se presentaron, una en octubre y la otra en diciembre del año pasado─, deben dejar de engañar a la ciudadanía con que aún es posible elegir a un fiscal anticorrupción independiente. El fiscal carnal anticorrupción está cantado.

La única forma de elegir fiscales verdaderamente independientes es sacar de los procesos de selección al Ejecutivo… ¡pero también al Legislativo!, cuya gran mayoría de integrantes siempre anteponen sus intereses particulares a los de la sociedad. Tendría que legislarse para que un órgano colegiado, compuesto por representantes de instituciones académicas, agrupaciones de profesionistas y organizaciones civiles, y si se quiere uno que otro representante del sector público pero que no hagan mayoría, electos de manera democrática y transparente, sea el que seleccione los mejores perfiles.

Mientras instituciones oficiales y grupos de poder sigan teniendo injerencia en esos procesos, nada cambiará.