Fernanda Durán
El incendio en la Zona Industrial volvió a poner sobre la mesa la dimensión de las emergencias que enfrenta San Luis Potosí: más de 200 personas evacuadas, varias corporaciones trabajando al mismo tiempo y un riesgo latente que no siempre se ve, como la posible presencia de gases tóxicos en este tipo de siniestros. En escenarios así hay una institución que rara vez falla cuando se le necesita, pero que sistemáticamente ha sido ignorada cuando es ella la que pide ayuda: el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, que hoy sigue operando, sí, pero cada vez más limitado, más presionado y más solo.
Hoy trabajan con menos de la mitad de su capacidad instalada. De las ocho estaciones que deberían estar en operación, apenas funcionan cuatro o cinco, en un esquema intermitente que obliga a abrir unas y cerrar otras según el día. No es una estrategia operativa: es una forma de sobrevivir.
El propio comandante Adolfo Benavente lo reconoce sin rodeos: la situación es “apretada”. No es para menos. Hay apenas 50 bomberos asalariados para cubrir toda la zona metropolitana, distribuidos en turnos de 12 o 13 elementos. Con ese personal, la corporación puede atender un número limitado de emergencias y, en los hechos, ha tenido que reducir su alcance territorial.
Hay zonas a las que ya no pueden llegar. Emergencias que ocurren a más de 50 o 70 kilómetros simplemente quedan fuera de cobertura. Y dentro del área más cercana, la capacidad también está al límite. No porque no quieran atender, sino porque no hay con qué.
A esa precariedad se suma otro elemento que debería encender alarmas: el modelo operativo depende parcialmente del voluntariado. Hay alrededor de 60 bomberos voluntarios que apoyan en momentos críticos, pero no forman parte de una estructura permanente. En otras palabras, una institución clave para la seguridad pública funciona, en parte, gracias a la buena voluntad ciudadana.
Mientras tanto, el crecimiento está condicionado a la recaudación. La corporación apenas puede contratar dos elementos por mes, con la esperanza de llegar a 16 nuevos bomberos que permitan abrir las ocho estaciones de manera continua. Pero ese objetivo no depende de una política pública clara, sino de que el patronato logre reunir los recursos suficientes.
El contraste es evidente: hay interés social por integrarse. Este año, 109 personas se inscribieron a la academia de bomberos, con una participación casi paritaria entre hombres y mujeres. La vocación existe. Lo que no existe es la estructura para sostenerla.
Y mientras eso ocurre, el trabajo no se detiene. En días recientes tan solo en estas vacaciones de Semana Santa, los reportes operativos dan cuenta de jornadas con hasta 15 servicios diarios: incendios, fugas de gas, rescates, monitoreos. Solo en un par de días se han registrado incendios industriales, evacuaciones de cientos de trabajadores y pérdidas millonarias en infraestructura. La carga de trabajo no disminuye; al contrario, aumenta en una ciudad que sigue expandiéndose.
El problema tampoco es nuevo, pero sí persistente. Desde 2023 se han presentado iniciativas en el Congreso del Estado para crear un marco legal que diera certeza jurídica, laboral y presupuestal a los cuerpos de bomberos, incluso planteando integrarlos a la administración pública o establecer un sistema estatal de financiamiento.
Sin embargo, los dictámenes se fueron posponiendo bajo el argumento de revisar su impacto presupuestal con el Ejecutivo y nunca llegaron al Pleno. Para 2024, las propuestas seguían detenidas en comisiones, pese a que se reconocía que no existía un marco legal que garantizara su operación; la discusión se diluyó entre trámites, revisiones y falta de acuerdos. En 2025, el propio comandante advertía que trabajaban al 50 por ciento de su capacidad. En 2026, nada de eso ha cambiado.
Se ha planteado incluso la posibilidad de municipalizar el servicio en el municipio de San Luis Potosí, pero tampoco es una solución viable en el corto plazo: los bomberos metropolitanos atienden a varios municipios, no solo a la capital. Fragmentar el servicio podría debilitarlo aún más. El problema, en realidad, no es de diseño administrativo, sino de voluntad política y coordinación institucional.
Porque eso es lo que ha faltado: que alguien asuma la responsabilidad. Ni los municipios, ni el Gobierno del Estado, ni el Congreso han construido un modelo sólido que garantice financiamiento, crecimiento y condiciones dignas para quienes todos los días arriesgan la vida.
Los bomberos siguen ahí. Atienden incendios industriales, fugas de gas, accidentes, rescates. No paran. No se detienen. Pero su cobertura sí se está reduciendo. Su capacidad sí se está agotando.
Y en algún punto, sostener un sistema con vocación, pero sin estructura, deja de ser resiliencia y se convierte en riesgo.
Y ya estando…
Veneno en el aire. Mientras los Bomberos luchan contra el fuego con recursos limitados, el resto de la ciudad respira las consecuencias. Las gráficas de la Red Universitaria de Monitoreo de Aire de la UASLP de este 8 de abril son alarmantes: en zonas como Villa de Pozos y las inmediaciones de la Feria, los niveles de ozono y partículas (PM)superaron hasta cinco veces el límite máximo permitido por la NOM-020-SSA1-2021. Un riesgo directo para niñas, niños y personas con problemas cardiovasculares.
La falsa austeridad legislativa. El diputado Héctor Serrano y la Jucopo se han apresurado a presumir que el Congreso de San Luis Potosí es un “ejemplo de ahorro”, al ubicarse en el lugar 20 nacional y estar por debajo del límite de gasto que marca el nuevo “Plan B” (el 0.5% del presupuesto estatal). Dicen que no habrá aumentos por consideración a la ciudadanía, pero la realidad es menos romántica: el artículo Octavo Transitorio de dicha reforma es tajante. Al estar ya por debajo de ese límite, la ley les prohíbe expresamente autorizar incrementos reales o reasignaciones para sí mismos; solo pueden actualizar su gasto conforme a la inflación. En pocas palabras: no es que no quieran subirse el presupuesto por bondad, es que legalmente ya no pueden.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
