Fernanda Durán
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) prevé que en las próximas cinco semanas se tenga un borrador de reforma al Protocolo PASE, instrumento institucional para prevenir, atender y sancionar casos de hostigamiento, acoso sexual y violencia de género dentro de la institución, el cual será presentado al Consejo Directivo Universitario para su análisis y eventual aprobación.
La Defensoría de Derechos Universitarios de la UASLP presentó este miércoles el Informe de Sistematización sobre el Proceso de Consulta Universitaria para la reforma del Protocolo PASE, resultado de un proceso participativo que incluyó 22 foros de consulta realizados entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, en los que participaron más de mil integrantes de la comunidad universitaria.
Durante el diálogo se informó que el ejercicio permitió recopilar y sistematizar más de 600 propuestas orientadas a mejorar los mecanismos institucionales; al inaugurar el encuentro, Salazar Flores explicó que el informe representa la síntesis de un proceso de diálogo amplio dentro de la institución.
“Este informe no es únicamente un documento técnico, es la memoria viva de 22 foros de consulta donde participó activamente nuestra comunidad universitaria. Es la voz sistematizada de quienes decidieron alzar la voz y esa voz hoy se convierte en una ruta”.
La funcionaria recordó que este proceso se originó a partir de las protestas estudiantiles registradas en octubre de 2025, particularmente en la Facultad de Derecho, donde la comunidad universitaria entregó pliegos petitorios relacionados con temas de seguridad, transparencia, profesionalización docente y atención a casos de violencia.
A partir de ello, la universidad decidió revisar el Protocolo PASE, aprobado originalmente en noviembre de 2020, y convocó a una consulta institucional que inició el 6 de noviembre de 2025, precisamente en la Facultad de Derecho como “un acto simbólico de memoria”.
De acuerdo con los datos presentados, en los 22 foros se acumularon alrededor de 191 horas de diálogo activo con la participación directa de 1 mil 621 integrantes de la comunidad universitaria, de los cuales 1 mil 372 asistieron de forma presencial y 249 de manera virtual.
Los encuentros contaron con la participación de 24 unidades académicas y dependencias universitarias, además de la cooperación de 20 Unidades para la Igualdad de Género y Derechos Humanos.
La participación tuvo una mayor presencia femenina: 62.17 por ciento de las intervenciones correspondieron a mujeres, mientras que 37.33 por ciento fueron de hombres. Asimismo, el 86.44 por ciento de las personas participantes pertenecía al sector estudiantil, mientras que 13.56 por ciento correspondió a personal administrativo.
En total, el proceso permitió recabar más de 600 propuestas, clasificadas en 13 ejes temáticos, entre los que destacan capacitación, difusión del protocolo, mecanismos de denuncia, sanciones, atención a víctimas y fortalecimiento institucional.
Entre las propuestas sistematizadas destacan la implementación de medidas precautorias inmediatas para proteger a las víctimas, como la separación del agresor, la flexibilización académica o laboral para garantizar la continuidad de estudios o trabajo, y el acompañamiento psicológico y legal desde el primer contacto hasta la resolución del caso.
También se planteó establecer tiempos máximos de respuesta en los procedimientos, definir rutas claras de atención y crear herramientas digitales para el seguimiento de expedientes.
En materia de sanciones, se propuso crear un catálogo proporcional que vincule los niveles de violencia con sanciones específicas, además de fortalecer el carácter disuasivo de las medidas disciplinarias y evitar vacíos normativos que permitan la evasión de responsabilidades.
Otra de las demandas recurrentes fue ampliar las vías de denuncia mediante herramientas como formularios digitales con folio automático, códigos QR, líneas de atención permanente por WhatsApp o buzones físicos, con el objetivo de facilitar el acceso a los mecanismos institucionales.
Durante su intervención, el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, reconoció que aunque la universidad ha avanzado en la creación de mecanismos institucionales para atender la violencia de género, aún existe un desconocimiento amplio sobre su funcionamiento.
“Creo que nuestro objetivo cuando iniciamos esto en el 2020 era tener una universidad libre de violencia (…) se ha avanzado, pero no se ha logrado verdaderamente la universidad libre de violencia”.
El rector señaló que uno de los principales problemas detectados es que muchos integrantes de la comunidad universitaria desconocen la existencia o funcionamiento de las instancias encargadas de atender estos casos.
Añadió que las situaciones registradas en octubre pasado evidenciaron fallas en la difusión y comprensión del protocolo, lo que derivó en un manejo institucional complejo del conflicto.
De acuerdo con la Defensoría, las propuestas recopiladas servirán como insumo para la revisión formal del Protocolo PASE, a cargo de un comité institucional integrado por la Defensoría, la Oficina de la Abogacía General, sindicatos universitarios y representantes estudiantiles.
El informe plantea que la actualización del protocolo deberá orientarse a consolidar un sistema de justicia universitaria más ágil, transparente y con perspectiva de género, capaz de garantizar la protección de las víctimas y la aplicación efectiva de sanciones.
Por su parte, Martha López Almaguer, secretaria general de la Unión de Asociaciones del Personal Académico, subrayó que el reto no sólo consiste en modificar la norma, sino en asegurar que los procedimientos sean claros y jurídicamente sólidos en materia laboral.
“Definitivamente estamos convencidos de que no avanzamos hacia los derechos humanos y no avanzamos hacia lograr una universidad libre de violencia si los procesos son débiles”.
