Fernanda Durán
Los Servicios de Salud solicitaron al Congreso del Estado autorización para desincorporar del servicio público seis inmuebles con infraestructura hospitalaria y posteriormente donarlos al IMSS-Bienestar, como parte de la transferencia de unidades médicas estatales al organismo federal.
La solicitud fue presentada por Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud, y plantea que los seis bienes sean desincorporados para posteriormente ser enajenados mediante una donación gratuita y condicionada a favor de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar.
La propuesta establece expresamente que los inmuebles deberán continuar destinados a la prestación de servicios médicos públicos.
Los seis bienes son actualmente propiedad de los Servicios de Salud de San Luis Potosí y cuentan con infraestructura hospitalaria destinada a brindar atención médica. La iniciativa señala que su identificación particular se encuentra en un Anexo 1 que acompaña la solicitud, aunque este no fue publicado en la gaceta parlamentaria del congreso junto a la iniciativa.
La solicitud deriva del convenio firmado en agosto de 2023 entre el Gobierno Estatal, la Secretaría de Salud, el IMSS y el IMSS-Bienestar para transferir recursos e infraestructura destinados a la atención médica gratuita de personas sin seguridad social. Posteriormente, en marzo de 2024 se firmó un convenio específico que comprometió al Estado a realizar los trámites necesarios para entregar también la propiedad de las unidades médicas al organismo federal.
La Junta de Gobierno de los Servicios de Salud autorizó las gestiones para donar estos seis inmuebles mediante acuerdos de diciembre de 2024 y mayo de 2025. La solicitud enviada ahora al Congreso corresponde al trámite necesario para desincorporarlos y formalizar su transferencia al IMSS-Bienestar.
Como respaldo, Servicios de Salud entregó al Congreso los acuerdos de su Junta de Gobierno, documentos que acreditan la propiedad de los inmuebles, certificados de libertad de gravamen, dictámenes de factibilidad de Protección Civil y planos con superficies, medidas y colindancias.
La formalización podrá realizarse mediante contratos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, mientras que los gastos técnicos, administrativos y de inscripción se sujetarán al convenio de coordinación de 2023. La propuesta será analizada por la Comisión de Salud en las próximas semanas.
