Fernanda Durán
Como parte del paquete fiscal 2026, el Congreso del Estado aprobó una serie de reformas al Código Fiscal de San Luis Potosí para crear e incorporar el Buzón Fiscal del Estado, un nuevo medio electrónico de comunicación oficial entre la Secretaría de Finanzas y las personas contribuyentes, tanto físicas como morales.
El objetivo central de esta modificación es modernizar los procesos de notificación y cobro, reducir el uso de medios tradicionales como oficios impresos o visitas domiciliarias, y dar mayor certeza jurídica a los actos de la autoridad fiscal estatal.
Con la reforma, el Buzón Fiscal se establece como un canal digital válido para enviar avisos, requerimientos, resoluciones sobre adeudos, multas, trámites fiscales y otros actos administrativos, sin eliminar por completo los mecanismos tradicionales, los cuales podrán seguir utilizándose de forma complementaria durante una etapa de implementación gradual.
¿Qué es el Buzón Fiscal y cómo funcionará?
El Buzón Fiscal será un sistema electrónico administrado por la Secretaría de Finanzas, mediante el cual las autoridades podrán notificar documentos oficiales a los contribuyentes.
Para que una notificación tenga efectos legales, el sistema enviará previamente un aviso al correo electrónico o número de teléfono móvil que la persona haya registrado.
Los documentos se considerarán legalmente notificados en dos supuestos: cuando el contribuyente abra el archivo dentro del sistema, o bien, al cuarto día natural posterior al envío del aviso, si no lo consulta. Esto implica que ignorar el Buzón no detiene los plazos legales ni las consecuencias administrativas.
Todos los documentos enviados o recibidos a través del Buzón Fiscal tendrán plena validez jurídica, y las firmas electrónicas producirán los mismos efectos que una firma autógrafa.
Con la entrada en vigor de la reforma, las personas físicas y morales con obligaciones fiscales estatales deberán activar su Buzón Fiscal y mantener actualizados sus datos de contacto, al menos un correo electrónico y un número de teléfono móvil.
El decreto establece plazos diferenciados: las personas morales deberán cumplir dentro de los 90 días naturales posteriores a la publicación de las reglas de operación, mientras que las personas físicas contarán con 120 días naturales para hacerlo.
No activar el Buzón Fiscal o no registrar los medios de contacto dentro de los plazos establecidos se incorpora formalmente como una infracción fiscal, sancionable con multas que van de 10 a 40 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la infracción.
Las reformas también permiten que ciertas sanciones administrativas impuestas por dependencias del Poder Ejecutivo, distintas a la autoridad fiscal, puedan ser cobradas como créditos fiscales, siempre que la resolución esté firme, haya sido notificada correctamente y no se haya pagado dentro del plazo legal.
Asimismo, se actualiza el artículo 20 del Código Fiscal para establecer que, cuando el contribuyente pague mediante tarjetas de crédito, débito u otros medios electrónicos, la autoridad absorberá las comisiones bancarias, evitando que estos costos se trasladen a la ciudadanía.
Aunque el Buzón Fiscal ya quedó incorporado en la ley, su operación plena dependerá de la emisión de reglas de funcionamiento, seguridad tecnológica, autenticación y conservación de información, las cuales deberán ser publicadas por la Secretaría de Finanzas dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.
Durante esta etapa, el uso del Buzón será gradual y complementario, lo que significa que las notificaciones tradicionales seguirán vigentes mientras se consolida el sistema digital.
La incorporación del Buzón Fiscal cambia de forma significativa la relación entre el gobierno estatal y los contribuyentes. A partir de 2026, ya no revisar el correo electrónico o ignorar el sistema digital no será una excusa válida, pues las notificaciones podrán surtir efectos legales aun sin confirmación expresa.
El Congreso y el Ejecutivo justificaron la reforma como una medida para fortalecer la eficiencia administrativa, reducir costos operativos y homologar prácticas con otros niveles de gobierno.
Para la ciudadanía, sin embargo, implica una nueva responsabilidad: estar atentos, registrar datos actualizados y entender que los actos fiscales ahora también ocurren en el entorno digital.
