María Ruiz
El Cabildo de San Luis Potosí rechazó destinar 44 millones de pesos del presupuesto 2025 para cumplir con una sentencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a un corporativo privado por daño patrimonial derivado de actos administrativos cometidos en 2022.
De acuerdo con la resolución, el conflicto tiene su origen en la autorización otorgada por la administración municipal 2018-2021 para la construcción de 45 viviendas. Sin embargo, la misma autoridad posteriormente impidió la conclusión y comercialización del fraccionamiento, al alegar la existencia de una falla geológica en la zona norte de la ciudad.
El tribunal determinó que estas acciones constituyeron una actividad irregular del órgano público y generaron daños a la desarrolladora, por lo que en junio de este año ordenó al Ayuntamiento pagar más de 44 millones 641 mil pesos a la empresa.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció públicamente la sentencia, aunque se trata de un adeudo heredado de la administración encabezada por Xavier Nava Palacios.
El dictamen proponía adicionar un anexo al presupuesto para solventar el fallo judicial y evitar sanciones. Sin embargo, la mayoría de las y los regidores lo devolvieron a la Comisión de Hacienda al considerar que destinar esa suma afectaría servicios básicos y pondría en riesgo la participación del municipio en programas federales que requieren contrapartida económica.
La regidora Irene Margarita Hernández Fiscal afirmó que “ningún tribunal puede obligar al Cabildo a mover 44 millones de pesos que son de las y los potosinos para pagar una sentencia”, y pidió votar en contra.
Por su parte, la regidora María Eugenia Castro Anguiano sostuvo que el dictamen carecía de sustento técnico y claridad, por lo que pidió al Órgano Interno de Control revisar posibles responsabilidades en el origen del litigio.
Otros ediles como Rodolfo Edgardo Jasso Puente subrayaron que antes de destinar recursos debe buscarse un convenio o salida jurídica que no comprometa el presupuesto destinado a la ciudadanía, y en el mismo sentido, pidió esclarecer el origen del porqué de esta presunta indemnización.
También se avaló por unanimidad la reforma al Reglamento Interno para convertir la Comisión de Policía Preventiva en Comisión Permanente de Policía Preventiva, Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, en concordancia con estándares estatales y nacionales.
De igual forma, se expidió la convocatoria para elegir a la persona titular de la Unidad Especializada para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en cumplimiento a resoluciones del Tribunal Electoral local y federal.
