CAJA NEGRA: 19

Antonio González Vázquez

Ayer se cumplieron 19 meses desde que murió el pequeño Diego en un aciago incidente durante el camping universitario de verano 2015.

19 meses después, no hay culpables; 19 meses después, la justicia no se ha presentado; ni se le ha procurado ni se le ha hecho justicia al menor que, con tan solo 12 años de edad, murió frente a la muy probable irresponsabilidad y desatención del personal del área de deportes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Al día de hoy, obra en el Ministerio Público la resolución del Tribunal Judicial para que el representante social perfeccione la averiguación, investigue más a fondo y aporte más pruebas. Para que cumpla eso, le dio seis meses de plazo y ya pasó el primero.

Es del todo injusto por no decir escandaloso: es muy probable que cuando se estén cumpliendo dos años de la muerte de Diego, el caso pueda regresar ante un juez para que, de nuevo, valore si hay culpables o no de esa funesta muerte.

La familia de Diego ha visto pasar un mes más sin el consuelo de la justicia para su infantil víctima. Es una familia que vive una presión enorme al enfrentarse  a una burocracia judicial tan insensible como fría y distante de los dolores humanos.

El tiempo pasa, corre lentamente para una familia agobiada por el triste recuerdo de lo ocurrido hace 19 meses; es una carga muy pesada, es algo que nadie puede desear para nadie. Ir a demandar justicia y encontrar desgano y la abulia propia de leguleyos en escritorios públicos.

De la UASLP y su rector, Manuel Fermín Villar Rubio ni qué decir, su piel es tan gruesa que han de pensar que Diego es ya un asunto del pasado, ni quien se acuerde, ha de razonar un rector hecho para el halago de sus cercanos.

Pero son 19 meses y tarde que temprano habrá de suceder algo, quizá se vuelva a suspender el camping universitario como ya sucedió en 2016; tal vez el Ministerio Público recuerde su representación social e investigue con el rigor que se requiere ante la muerte de un inocente.

O tal vez una vez que el caso se ponga de nuevo ante un juez, éste se pronuncie y, por fin, defina quien tuvo alguna culpa aun indirecta y lejana, de la muerte de Diego.

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