El Partido Verde ¿Ecologista? de México es un partido “Satélite”. El PVEM es uno de esos partidos nacidos para hacer de alcahuete, de sanguijuela, de cómplice de quien ocupe su turno en el poder, pero si es el PRI, mejor. Se parecen mucho en la forma de hacer política: la violación frecuente a la ley, la soberbia caciquil de sus dirigentes, la burla a la sociedad a la que se engaña y el despilfarro de los recursos públicos para ofrecer una imagen que no corresponde a su realidad.

 

En San Luis Potosí el surgimiento de ese partido es prácticamente una copia de su génesis nacional y con el tiempo se ha convertido en una institución que aglutina a una casta de oportunistas.

 

Doña Goyita fue su primera dirigente en el estado, una indígena modesta, humilde, sin muchas pretensiones, pero que tenía convicciones ambientalistas. Era una dirigente de oposición allá por los años noventa.

 

De súbito, el jefe González Torres tras una visita a San Luis Potosí la despidió porque desde el principio doña Gregoria era solamente una empleada de lo que se conoce como franquicia con siglas del PVEM.

 

Recurrió a pseudo ambientalistas que en realidad querían acceder al poder público y de pronto aparecieron los Barrera, los Salazar y otros para convertir al partido en un club de Tobi donde ellos hacen y deshacen, reparten, comparten o quitan según sea el caso.

 

El PVEM de San Luis no es otra cosa sino un remedo de partido al servicio del gobernador Fernando Toranzo y parte de la servidumbre del Partido Revolucionario Institucional. En ese partido no les importa si son apenas vasallos, lo que les importa es que les avienten unas cuantas migajas desde el poder público.

 

Mientras estén dentro del presupuesto, la gente y otros partidos podrán decir misa.

 

Ayer, el Instituto Nacional Electoral volvió a multar al PVEM por una nueva falta cometida entre tantos ilícitos en que han incurrido en el actual proceso electoral federal 2015.

 

Acumulan ya sanciones por 513 millones 75 mil 114 pesos. Su comportamiento ha sido desaseado al extremo, llevan hasta el momento once multas recibidas por parte de la autoridad electoral, especialmente por violar los tiempos electorales con campañas de propaganda anticipadas, sobreexposición en medios y muchas más.

 

Por cierto, en San Luis Potosí está pendiente la resolución de quejas que recibió el Consejo Estatal Electoral en contra de ese partido que dice ser verde pero que en realidad es toda una colección de trampas y artimañas.

 

En el proceso electoral en curso, muchos ciudadanos han sido engañados por el PVEM y deben ser sancionados. Por ejemplo, tras la falsa donación de árboles, a quienes los solicitaban les pedían sus datos personales para un supuesto seguimiento y control, pues en realidad los datos fueron utilizados para “afiliar” involuntariamente a quienes pidieron un árbol.

 

Les enviaron una carta personalizada en la que les anunciaban la buena nueva de que ya forman parte de ese partido (como si eso fuera motivo de orgullo o razón para lanzar vivas y organizar una fiesta) y les entregaron una tarjeta para canjear dinero y aprovechar supuestas promociones en tiendas departamentales.

 

Esa falsedad ocurrió en los cines de donde los cinéfilos salían asqueados de la promoción del PVEM a quienes en ningún momento les importó eso.

 

En San Luis Potosí ese partido hizo alianza con el PRI y llevan a Juan Manuel Carreras como candidato a gobernador, hay priístas en otras candidaturas a diputados pero con las siglas del, PVEM. Son lo mismo, no hay ideología ni principios solo ansias, hambre por el poder. Si las siglas del PRI tienen ya una carga suficiente de desprestigio, agréguele la del Verde a la candidatura de Carreras y tendrá un coctel explosivo para detonar en el lodo.

 

Ante el crecimiento de las millonarias multas a un partido que por norma gusta de violar la ley, se ha reflexionado ya con seriedad llegar al último paso del procedimiento sancionador: la cancelación del registro del PVEM.

 

Las acciones de ese partido, de sus dirigentes, de sus representantes en instituciones públicas no han sido ni las más democráticas ni las más transparentes. Si se concluye con la cancelación del registro o por lo menos, su suspensión temporal, sería una decisión que le daría al Instituto Nacional Electoral la credibilidad y confianza que por ahora no tiene.

 

Sancionar, de modo ejemplar, a partidos que en la búsqueda del poder incurren y propician actos de corrupción, es lo menos que se puede esperar si lo que se quiere es avanzar en nuestra democracia.