La estulticia se desborda en Ríoverde con los saludos del presidente municipal
“El alcalde nos quiere chingar” no es solamente una denuncia, sino que se trata de una llamada de auxilio de un grupo de policías del municipio de Ríoverde para advertir la clase de presidente municipal que tiene ese ayuntamiento.
Esa frase tan corrosiva y contundente es la conclusión a la que llegaron cinco elementos de la policía municipal al referir la actitud del alcalde, Alejandro García Martínez.
Hace apenas un par de semanas, en ese municipio de la Zona Media, dos juniors, hijos de papi o Mirreyes como los identifica el escritor y periodista Ricardo Raphael, tuvieron un altercado en una fiesta.
Oscar Bautista, hijo del ex dirigente de la CNC, aun diputado federal y en un par de meses, por segunda vez, diputado local, Oscar Bautista Villegas, junto con José Víctor García Guerrero, hijo o virrey del alcalde García Martínez, generaron un pleito contra Sebastián Galindo, hijo del jefe nacional de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.
Los juniors provincianos pretendían hacerle bronca, pero se toparon con su escolta, Marco Polo Piña, quien resultó herido con arma blanca.
Ante esos hechos, elementos de la Policía intervinieron y auxiliaron al herido para luego trasladarlo a un hospital.
A entender del presidente municipal, eso estuvo mal hecho, es decir, no debieron intervenir, debieron hacerse de la vista gorda y no hacer ni decir nada, aunque con ello, estuvieran faltando a su obligación legal de dar garantía de seguridad a quien lo necesite, más si se trata de un acto en flagrancia.
Tras el incidente, por órdenes del alcalde García, se abrió un expediente en la Dirección de Seguridad Pública Municipal en contra de los cinco agentes que intervinieron en perjuicio de los mirreyes. Ahora, tienen un expediente en la Comisión de Honor y Justicia de la corporación. Los quieren castigar por hacer su trabajo.
Sirva ese caso para dar luz sobre lo que ocurre en San Luis Potosí en cuanto al actuar de sus autoridades y representantes populares. Para muchos de ellos, tal es el caso del diputado Bautista y del alcalde García, la Ley es poco menos que nada, un montón de hojas con palabras extrañas que jamás han leído.
La ignorancia supina de esa clase de políticos es lo peor. Imagínese a un diputado y a un alcalde que en su momento tomaron protesta de cumplir con la ley, ahora la violentan y la ultrajan a su conveniencia.
Es un absurdo de esos que solo se presentan en nuestro país: un diputado y un presidente municipal torciendo la ley en beneficio de sus hijos.
En ese sentido, es muy importante que la Comisión Estatal de Derechos Humanos siga con atención el caso de esos cinco policías pues corren riesgo en su patrimonio e integridad física. Dos servidores públicos ofendidos andan sueltos.
Convendría que lo más pronto posible el Ombudsman dicte medidas cautelares en protección a esos cinco policías que ya lo han advertido públicamente: “el alcalde quiere chingarnos”.
También sería conveniente que la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública volteen a ver lo que ocurre en Ríoverde: nadie por más poderoso que sea puede estar por encima de la ley, pero tampoco nadie desde un cargo público puede amenazar a la propia policía.
Algo anda muy mal en Ríoverde, si el gobierno estatal decide hacer algo, bien podría empezar por la presidencia municipal.
