A casi mil días de la muerte de Karla Pontigo, el gobierno de Toranzo no hace justicia.
Hay una especie de declaración que hace las veces de piedra angular en el sistema de procuración y administración de justicia: Justicia tardía, no es justicia. Esa noción, respalda la otra que profieren los magistrados para explicar su actuar: la justicia ha de ser rápida y expedita. Eso, en los hechos, no significa absolutamente nada, son frases huecas en un San Luis donde las víctimas no acaban de sufrir.
Las víctimas sufren y crece en ellas un gran dolor inagotable porque primero perdieron a un ser querido y después, porque el Estado y sus instituciones públicas no hacen justicia.
Esperanza Luccioto López, es madre de una víctima a la que no se ha hecho justicia. Es la madre de Karla Pontigo Luccioto, una joven que murió en circunstancias tan extrañas como sospechosas e inexplicables hace ya cerca de mil días.
Los familiares y amigos de las víctimas viven todos los días con el dolor que deja un ser querido cuando muere en condiciones más semejantes al crimen que a una causa fortuita, natural o accidental.
Estudios acerca de la Victimización en México revelados por la Organización Civil México Evalúa, demuestran que por cada crimen doloso que se comete en México, puede haber hasta doce víctimas relacionadas. Es decir, la importancia de hacer justicia, no se limita a castigar en memoria de quien murió sino a quienes siguen vivos y se duelen de su perdida.
En unos meses se cumplirán tres años de la muerte de Karla del Carmen Pontigo. Tenía apenas 22 años de edad y perdió la vida de manera tan intempestiva como brutal. La Policía Ministerial, los Peritos y la Procuraduría General de Justicia afirmaron categóricamente que la joven murió como resultado de un choque con una puerta de cristal en un antro llamado Play.
Esa versión de la Procuraduría no fue creída por la familia de la joven porque fue resultado de un trabajo deficiente de investigación y fue la culminación de una serie de errores y omisiones que caracterizaron la intervención de esa dependencia, la cual, sin duda, es una de las que peor desenvolvimiento han tenido durante el sexenio.
La madre de la víctima, desde entonces mantiene una lucha férrea, esforzada y muy humana para que el caso se aclare, se conozca la verdad en los hechos y especialmente, que se haga justicia.
Por eso, se acudió a la Justicia Federal, donde en su característica isla de prepotencia y soberbia, respondieron que ese caso no era importante y se negaron a atraer el caso pese a la notable incapacidad mostrada por la Procuraduría.
Es decir, las instancias de procuración y administración de justicia en San Luis Potosí, poco tienen que ver con el interés general en el sentido de en tender que a las víctimas hay que ayudarlas, no solo por obligación constitucional, sino por reclamo y exigencia de la sociedad.
Hace unos días, el gobernador Fernando Toranzo dijo que se va contento, que se va con orgullo de haber gobernado y que esta muy tranquilo porque hizo todo lo que pudo hacer, que hizo su mayor esfuerzo en beneficio de los potosinos.
Sin duda, se puede llegar a decir algo que parezca aventurado, pero excederse y caer al punto del cinismo es algo que deja mucho que desear del ejecutivo. No puede sentirse satisfecho cuando hay víctimas inocentes a las que no se les ha hecho justicia, como es el caso de Karla.
El gobernador no puede decir que está tranquilo y que se siente contento cuando deja un estado con un índice de impunidad del 98 por ciento. No puede sentirse contento cuando en su sexenio las familias de las víctimas han sido despreciadas y no se les ha escuchado.
Cándido Ochoa Rojas y Miguel Ángel García Covarrubias han sido los procuradores durante la administración y en ambos casos los derechos de las víctimas han valido nada y, en ambos casos, el aparato de procuración de justicia ha estado al servicio de aviesos intereses y menos al de la sociedad.
Martín Toranzo, hermano del gobernador, lo dijo: en San Luis se procura justicia en base a los intereses del gobierno y por lo general, se aplica con un interés político.
Esta claro que esa denuncia del propio hermano del gobernador alcanza su peor momento en casos como el de Karla. Vamos para tres años y no se sabe como murió o más bien, cómo le quitaron la vida.
La procuración de justicia en el gobierno de Toranzo ha sido pura basura: ahí están los familiares de víctimas del pederasta Eduardo Córdova, ahí están los familiares de las víctimas de feminicidio, ahí están las víctimas de abusadores sexuales. Hay casos por decenas y centenares en los que la justicia le ha sido negada a ciudadanos violentados en sus derechos.
Recién se ha creado una Comisión Ejecutiva para atender a las víctimas, ojala no sea una institución burocrática que al final se convierta en cómplice del estadio para ocultar sus deficiencias y corrupción. Es urgente que en San Luis, pese a Toranzo, haya alguien que haga justicia por las víctimas.
