Por Antonio González Vázquez
No es una acción meritoria ni es tampoco algo para el aplauso, por el contrario, era lo menos que podrían haber hecho luego de que su confiabilidad se hizo añicos.
Que la Comisión de Vigilancia haya decidido rechazar los informes presentados por la Auditoría Superior sobre las Cuentas Públicas de los tres poderes del Estado, era su obligación dada la nula certeza que se tiene del actuar de la Auditoría Superior del Estado de 2014 a la fecha.
Por supuesto que no se trata de una graciosa concesión de los diputados sino que era en sí un reclamo social desconocer los resultados de las auditorías que heredó Jesús Martínez Loredo.
Este jueves, durante la sesión ordinaria, se solicitará al pleno el rechazo a los informes de los 110 entes auditables, entre ellos, los 58 ayuntamientos (aunque en este caso no existe cuenta auditada al ayuntamiento de San Luis Potosí) del estado.
Según los integrantes de la Comisión de Vigilancia se trata de dar certeza de que habrá revisiones a fondo en las cuentas públicas sobre el ejercicio fiscal 2016. Creerles está muy complicado.
En estos momentos, la palabra de un diputado vale tanto como un cacahuate, de modo que tendrían que tomar otras decisiones a fin de que se les pueda creer algo.
Por ejemplo, no estaría nada mal que se resuelva este mismo jueves reabrir los expedientes de las cuentas públicas de todos los entes auditables desde 2013 a 2016 puesto que hay razones de sobra para dudar de la legalidad y limpieza en las auditorias encabezadas por Martínez Loredo.
Si no hay cómo confiar en los diputados, mucho menos hay elementos para confiar en la Auditoría Superior del Estado a la que la Comisión de Vigilancia le ha solicitado reponer la totalidad de procedimientos de auditoría.
Es decir que a los que blanquean cuentas ahora deberán portarse bien y hacer su trabajo con honradez y que se olviden de recibir una lana.
Todo huele a pura simulación.
Si es que en realidad se pretende reparar un poco el desastre, de menos se debería atender lo solicitado por ciudadanos y organizaciones de la sociedad en su desplegado del lunes.
“Someter el nombramiento del nuevo auditor a que sea la ciudadanía la que les proponga una terna de candidatos que garantice que sea nombrada una persona independiente, con experiencia y conocimientos, con autoridad moral tal que su sola presencia inhiba a los delincuentes y, sobre todo, con valor civil para imponerse y resistir los embates de los auditados”.
Eso es lo que deberían hacer.
Lo peor que puede ocurrir es que den el cargo de auditor a un cuate de Manuel Barrera o a un conocido del “cochiloco” o un pariente de José Guadalupe Torres o a un recomendado de Enrique Flores. O también, por aquello de la equidad de género, que sea una auditora y que mejor una cercana a Martha Orta o una comadre de Ricardo Gallardo.
No se dude de que son capaces, pues sí lo son.
