Por Antonio González Vázquez
Mientras que en San Luis Potosí todos (en el Congreso y Gobierno) se hacen patos con el embutido de lodo de la Ecuación de Corrupción, en el Senado y Cámara Baja las cosas van más en serio.
Gracias al impulso de algunos legisladores federales, el tema del escándalo de corrupción que involucró a diputados y personal de la Auditoría Superior, empieza a tomar forma en cuanto a identificar los probables delitos cometidos en perjuicio del erario público.
El tiempo continúa pasando desde aquel 12 de junio cuando se hizo público el video en el que el entonces diputado Enrique Flores, le daba detalles al alcalde de Ébano, Crispín Ordaz de cómo funciona la Ecuación de Corrupción para la limpieza de cuentas públicas sucias.
De las investigaciones que se habrían iniciado a partir de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia, en los hechos no existe nada. De hecho, no pasa nada y no está sucediendo nada.
Inexplicablemente, las acciones legales tienen que llegar de otro lado. Afortunadamente, el Congreso de la Unión si está tomando en serio el tema y lo está impulsando a partir del interés de legisladores de distintos partidos políticos.
Si bien el asunto de la Ecuación de Corrupción apenas llegará al pleno por la vía del punto de acuerdo, lo importante es que el poder legislativo federal lo está incluyendo ya en sus temas a tratar y seguramente adoptará algunas iniciativas a favor de investigar a fondo el caso.
Por ejemplo, es de agradecer el hecho de que los probables actos de corrupción concebidos y luego cometidos por el equipo de la Ecuación, será puesto en conocimiento de la Secretaría de Hacienda.
Ese representa un gran paso en busca de eliminar el manto de impunidad que cubre hasta hoy a los presuntos corruptos.
También hay que recordar que hay denuncias ante la Procuraduría General de la República y que también está en puerta una revisión por parte de la Auditoría Superior del la Federación.
De haber algo parecido a la justicia, lo más probable es que llegue desde el nivel federal a través de las acciones que emprendan senadores y diputados federales interesados. De las autoridades locales muy poco hay que esperar.
Va para diez semanas del escándalo y el gobierno de Juan Manuel Carreras ha sido incapaz de agotar ninguna investigación. Es como si no hubiera pasado nada.
