Por Antonio González Vázquez
Del 14 de septiembre de 2015 al 30 de mayo de 2017, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado autorizó dádivas por 17 millones 100 mil 134 pesos y 67 centavos.
Al llegar a esa ofensiva cantidad de dinero que se entrega sin respaldo legal y sin el menor asomo de rendición de cuentas, el Consejo Ciudadano de Transparencia del poder legislativo solicitó un informe completo acerca de ese reparto millonario y sugirió que ya se suspenda en definitiva por carecer de sustento legal.
Los diputados no hicieron caso y mes con mes han seguido regalando dinero público sin que se tenga información clara del destino de ese dinero y de sus presuntos beneficiarios.
En junio repartieron 655 mil.
En julio repartieron 954 mil 55 pesos.
En agosto repartieron 583 mil pesos.
En septiembre repartieron Un millón 530 mil pesos.
En octubre repartieron Un millón 235 mil.
Es decir, 4 millones 957 mil pesos que, sumados a los 17 millones 100 mil pesos que les contabilizó el Consejo Ciudadano hasta mayo, dan la graciosa cantidad de 22 millones 057 mil pesos.
Eso es lo que han repartido los diputados de septiembre de 2015 a octubre de 2017.
A eso también se le debería clasificar como corrupción dado que ninguna ley local ni federal ni mucho menos la Constitución, les autoriza a distribuir dinero público como si fuera de su propiedad.
Definitivamente, también es corrupción que un grupito de nueve diputados de los partidos representados en el Congreso, decidan arbitraria e impunemente a quien se entregan recursos públicos.
Si quieren comprar voluntades, lealtades, simpatías o votos, que lo paguen de su bolsa, pues al ritmo que van, para cuando concluya la legislatura, superarán con holgura los 30 millones de pesos
