Como se esperaba, la línea del gobernador Juan Manuel Carreras a los diputados del PRI, PVEM y PNA fue tan eficiente como en los mejores tiempos del ejecutivo todopoderoso que manda sobre los otros dos poderes del Estado. En efecto, Manuela García Cázares fue designada magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, más por ordenes del mandatario que por sus méritos.

La ex procuradora de justicia en la administración de Fernando Silva Nieto recibió 19 votos contra 4 de Jesús Gerardo Martínez Muñoz y 3 de Felipe Aurelio Torres Zúñiga, lo que supone que la voz del gobernador es obedecida sin chistar en el Congreso del Estado.

Y bien, García Cázares ya es magistrada de aquí al 28 de enero de 2022 y lo que hay que esperar es cuantos familiares mete en la nómina del Poder Judicial. Eso no será del todo una novedad, eso suelen hacer los de la élite burocrática que habitan en la Ciudad Judicial.

 

Enquistarse en el poder público y gozar del presupuesto público ahora se le conoce como “carrera judicial” o “trayectoria judicial”.

 

El índice de impunidad en México es del 98 por ciento y en esa penosa estadística todos los servidores públicos del poder judicial tienen responsabilidad y merecen ser criticados porque su trabajo deja mucho que desear, sin embargo, en este país las cosas se hacen al revés y resulta que quienes forman parte de esa cúpula que tiene a la administración de justicia por los suelos, es a la que se premia con magistraturas.

 

Esa es la triste realidad.