El Gobierno de Carreras esconde los delitos bajo la alfombra.
Ahora sabemos que el gobierno de San Luis Potosí miente sobre las condiciones de seguridad en el estado. Hoy es posible saber que el gobierno potosino oculta información relacionada a los delitos que se cometen. Se esconden los delitos para aparentar que vivimos seguros. Se esconden los sucesos delictivos como quien barre la casa y entierra la basura bajo la alfombra.
Que vergüenza.
Mentir a los ciudadanos y por si fuera poco, mentirle al Gobierno Federal y a las instancias de Seguridad Pública.
Hace poco más de un mes, un domingo por la mañana, la noticia era que acababan de robar la sucursal de Banco Azteca en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, ese sería el primer robo a institución bancaria en lo que va del año. Fue un hecho público y notorio no solo por el suceso en sí, sino porque ese Banco visitado por los hampones a plena luz del día, se ubica a unos cincuenta metros de la presidencia municipal de Soledad.
Luego de que portales de noticias y en redes sociales se difundió la información del evento delictivo, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó los hechos en un comunicado de prensa y dio a conocer que el Ministerio Público dio fe del hecho y que la Policía Ministerial inició de inmediato las primeras investigaciones. Todo al mando de la Procuraduría General de Justicia.
Desde el sexenio anterior y como una exigencia generalizada de que se informara con puntualidad sobre los delitos cometidos en México, la federación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emite un reporte mensual para informar a la sociedad sobre las condiciones de seguridad.
Se reportan delitos del fuero común y del fuero federal por entidad federativa, especialmente se da seguimiento a los delitos de alto impacto. La federación firmó convenios con los gobiernos estatales para que éstos se comprometieran a brindar la información correspondiente. De este modo, las Procuradurías estatales son las que nutren de información al gobierno federal puesto que es el Ministerio Público el que recibe las denuncias y la Policía Ministerial la que investiga los delitos.
Pese a ser un buen esfuerzo, se logró identificar que no todas las Procuradurías aportan información fidedigna, lo cual al paso de los años ha sido denunciado por organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil que se ocupan de dar seguimiento a la problemática de la inseguridad.
Da el caso de que entre esas entidades que esconden la información y aportan datos incompletos en incidencia delictiva es San Luis Potosí.
En el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondiente a septiembre no se contabiliza ese robo a Banco Azteca. No aparece en la estadística, lo que significa que para el gobierno potosino ese robo no se cometió.
Aunque el delito se cometió y hubo actuación de las corporaciones policíacas, el caso no aparece en el registro de robo a instituciones bancarias que lleva el gobierno federal.
Lo anterior despierta la sospecha acerca de la veracidad de las estadísticas que el gobierno de San Luis envía a la federación y hace dudar de la presunta disminución delictiva que hasta hace unas semanas, se presumía era del 75 por ciento.
Al esconderse los datos, se puede confirmar que tenemos una seguridad ficticia, que el número de delitos cometidos es mayor, pero la Procuraduría de Justicia del nuevo gobierno, la oculta.
Muy mala señal la que se envía a la sociedad: la realidad es la que nosotros decimos y no otra.
Mal mensaje del gobierno de Carreras en su primer mes de administración: ocultar los problemas en vez de enfrentarlos.
