Por: Antonio González Vázquez.
Dieciséis meses después el niño Diego González sigue esperando a que las instituciones públicas de San Luis Potosí expliquen por qué murió.
Dieciséis meses después la familia del niño Diego González no sabe porqué murió y tampoco sabe quien fue responsable.
No es de extrañar que sean dieciséis meses, la justicia en México siempre ha sido así: rápida y eficiente con los poderosos y lenta y desmemoriada con los pobres y débiles.
Hoy son dieciséis meses desde que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entregó el cadáver de un niño que había recibido vivo y feliz. Para la Universidad y su rector, Manuel Fermín Villar Rubio no hubo ni hay responsables: todo fue un “desgraciado y único accidente”.
Tampoco es de extrañar que el Ministerio Público se haya tardado más de un año en consignar la averiguación a un juez y, que lo hiciera tan mal que el juez no encontró elementos de responsabilidad.
Se había solicitado girar órdenes de aprehensión por presunto homicidio culposo a personal de la UASLP y empleados del parque acuático WooW, pero eso no lo concedió el juez, para quien todo fue un accidente.
Dieciséis meses después de la muerte de Diego, el asunto está a revisión en el Supremo Tribunal de Justicia. El caso está a la vista de tres Magistrados cuyos perfiles muestra hoy Astrolabio a sus lectores.
Olga Regina García López, Juan José Méndez Gatica y Martín Celso Zavala decidirán si el juez VIII del Ramo Penal, Ernesto Rivera Sánchez tuvo o no la razón al desestimar la presunta responsabilidad de personal del departamento de Deportes de la UASLP.
Dieciséis meses han esperado Diego y su familia que se haga justicia, lo deseable y posible es que estos Magistrados den para adelante para que no prevalezca la impunidad.
En ellos está hacer justicia a un justiciable aun cuando esté muerto.
