Cuando Manuela García Cázares fue ratificada por la LV Legislatura como Procuradora de Justicia en el gobierno de Fernando Silva Nieto, fue acusada ante el Pleno del Congreso del Estado de violar los derechos humanos y las garantías constitucionales de campesinos desalojados de sus tierras por la policía por mandato de la hasta entonces, jueza del ramo penal.
Es una triste historia.
El Diario de Debates del Congreso del Estado de fecha, 4 de septiembre de 1998, narra lo sucedido en la sesión extraordinaria a la que se convocó con el propósito de de someter a votación un dictamen de la Comisión de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales, respecto de la ratificación de Manuela García Cázares como Procuradora de Justicia, propuesta por el ejecutivo. El dictamen de las dos comisiones era favorable.
El Partido Revolucionario Institucional contaba con la mayoría en el Congreso y la sesión era mero trámite.
Cosas de la vida, la posición del los diputados del PRI, corrió a cargo de Felipe Aurelio Torres quien en un largo discurso alabó las virtudes, cualidades, habilidades, trayectoria y compromisos con la justicia de García Cázares.18 años después, Felipe Aurelio Torres Zúñiga, hijo del entonces diputado, es propuesto para ser magistrado y lucha por el cargo contra la mujer que en su momento recibió elogios de su padre.
Pero eso es solo una anécdota de la política potosina, puesto que bien visto, los cargos públicos son de unos cuantos, sean amigos o familiares.
García Cázares fue designada como Procuradora por 21 votos a favor y 6 en contra.
Destaca la postura del diputado del Partido de la Revolución Democrática, Oscar Hernández Rayón, quien en la tribuna legislativa denunció los excesos de García Cázares como juzgadora.
“Quiero en este momento buscar una reflexión compañeros Diputados de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, cómo es que a veces que aun teniendo tan buen y prestigiado curriculum profesional, es que se cometen errores o errores a propósito, o errores por mandato.
Quedó muy claro que cuando existen intereses que perjudiquen a interesados, se ejecute un mandato o una orden sin medir que dentro de las consecuencias existen violaciones a los derechos constitucionales.
En la tercera semana de mayo del presente año, en una madrugada, cometió un error la Juez Sexto del ramo penal, al girar orden de desalojo y solapar demolición de fincas a familias compradoras de buena fe, entre ellas algunas de escasos recursos económicos, en los terrenos denominados San José de Buena Vista de este Municipio de San Luis Potosí.
Este problema o este argumento requiere de mucha y detallada explicación que en este momento no corresponde darle mención, pero sí existe la forma de denunciar ante todos ustedes señoras y señores Diputados, una actitud errónea al expedir el orden de desalojo a los compradores de buen fe, que en lugar de una orden de aprehensión en contra de un vendedor.
El caso de los compradores tendrá que ser resuelto ante una instancia del Juez Civil; la Juez Sexto del ramo penal violó los derechos constitucionales de audiencia y seguridad pública de los ocupantes enmarcados en nuestra Carta Magna. Esta, yo pregunto, ¿ésta es una buena aplicación de la justicia?, en esta misma área de los terrenos también existen problemas con las mismas características, pero contra quienes compraron grandes extensiones de terreno no se les aplicó la ley de la misma manera, aquí lo refleja, que en ocasiones cuando es de conveniencia la ley se aplica de manera selectiva”.
“Señoras y señores Diputados, en esta ocasión el Ejecutivo del Estado propone a la Licenciada María Manuela García Cázares, que legalmente reúne las características y los requisitos; por lo tanto, el presente dictamen en discusión tendrá su aprobación quizá por mayoría en esta asamblea legislativa; pero en voz de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, comunico que aún nos queda la desconfianza tomando en consideración sobre lo antes mencionado si no sirve de nada para corregir las actitudes y los errores. Estamos en tiempo de cambios políticos, dados por la transición que vive nuestro país, y la ciudadanía potosina exige respeto y no seleccionismo en la administración de la justicia”.
Eso ocurrió hace 18 años, pero hay mañanas que con el paso del tiempo no se modifican sino más bien, se perfeccionan.
