Muchas cosas que no funcionan en el sector público requieren simplemente de voluntad para hacer que funcionen, de modo tal que reformar leyes y crear decretos las más de las veces es algo meramente incidental. La voluntad propia y la institucional es más debería ser más eficaz que una ley y un reglamento, pero desgraciadamente, la ausencia de voluntad por respetar la ley y los principios éticos de cada persona, es lo que más se añora.
Tal es el caso de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública o la propuesta de la Ley3de3. La primera apunta a reformas obligatorias en todas las entidades del país como resultado de la reforma federal del año pasado y, la segunda, una iniciativa orientada a combatir la corrupción.
En mayo próximo se vence el plazo legal para empatar la ley local de transparencia con la federal. La diputada Josefina Salazar Báez, presidenta de la Comisión de Transparencia del legislativo ha presentado avances y ha abierto la posibilidad de que la ciudadanía interesada opine del proyecto de dictamen que se tiene.
No hay duda de que es un buen esfuerzo, pero se limita a eso. El tema se debió haber abordado desde hace tiempo y debió de obligar a un ejercicio de consulta más genuino y enriquecedor. La Comisión ha estado trabajando durante las últimas semanas y se reconoce, pero el esfuerzo parece tardío para lograr que el tema llegue a la sociedad con toda la fuerza necesaria dada la importancia del tema.
Pero ese proceso legislativo va en camino y pronto el pleno conocerá el dictamen y se votará para cumplir con la obligación legal.
Lo que preocupa en serio es el hecho de que en México sigamos pensando que la fórmula para atender nuestros principales problemas, como el de la corrupción, es la creación de más y más leyes.
Si los servidores públicos actuaran como auténticos servidores públicos entonces no habría opacidad y si transparencia, no habría ocultamiento de la información sino su exhibición pública, tampoco habría negativa a entregar información sino la puntual entrega de lo solicitado.
Con independencia de lo que dice la ley en materia de confidencialidad y reserva de la información, es la falta de voluntad de los entes obligados la que define si se entrega o se niega información pública.
Los servidores públicos piensan más en sus intereses y en los de sus jefes y/o superiores antes que en el derecho de los ciudadanos para acceder a la información. Niegan la entrega de datos a los solicitantes porque creen que la información es de ellos y no de la sociedad.
Por lo general, es un burócrata oficioso que quiere quedar bien su superior, quien decide negar la información y la entierra con algún acuerdo de reserva por años. Es decir, si hubiera voluntad y compromiso con la transparencia no haría falta tanta obligación legal.
Desafortunadamente el nivel de nuestros servidores públicos, muchos con perfil de presuntos delincuentes, no da para saber que es eso de la voluntad. Están acostumbrados a hacer en las instituciones públicas lo que les venga en gana.
