Por Antonio González Vázquez
La Procuraduría General de Justicia del Estado informó ayer en un comunicado de prensa de la solicitud de desafuero presentada ante el poder legislativo, contra el diputado con licencia Enrique Flores, así como contra los magistrados electorales, Óskar Kalixto Sánchez y Rigoberto Sánchez de Lira.
Parece que la Procuraduría va en serio y actuará en consecuencia en contra de funcionarios públicos que presuntamente han violado la ley.
Llama la atención el caso de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes quien ha mantenido una lucha ejemplar en defensa de sus derechos y no se ha dejado intimidar por sus compañeros magistrados.
Respecto a ese caso, la Procuraduría dijo que “solicitó juicio de procedencia en contra de dos magistrados del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, de nombres Óskar y Rigoberto, por los probables delitos de discriminación, ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad y falsificación de documento; esto en seguimiento al caso de una magistrada que denunció hechos considerados con apariencia de delito, y cuyo expediente fue turnado a esta Procuraduría Estatal”.
La magistrada denunció ante autoridades locales y federales actos de hostigamiento y violencia política en su contra. Su caso incluso alcanzó relevancia nacional y le granjeó el respeto de muchos por su tenaz actitud en defensa de sus derechos y también de su calidad de mujer.
Ahora, el caso de los presuntos acosadores está en el legislativo porque la Procuraduría presume que los magistrados incurrieron en actos ilícitos en contra de Yolanda Pedroza.
Sería ejemplar que se aplique una sanción a quienes no entienden que nunca una mujer puede ser menos que un hombre.
El otro caso de desafuero presentado por la Procuraduría es el del diputado con licencia, Enrique Flores. Ya parecía que el asunto de la Ecuación de Corrupción se había empantanado, no es así, pero lo deseable es que la Procuraduría vaya también por Manuel Barrera Guillén, Oscar Bautista Villegas y José Guadalupe Torres Sánchez.
Si el Procurador Federico Garza avanza en esos casos y logra demostrar la responsabilidad de diputados y magistrados electorales en los delitos de los que son presuntos responsables, entonces estará dando un paso muy significativo para recuperar la confianza de la sociedad en la institución.
