Astrolabio

 

Hoy se cumplen siete meses de la muerte de Diego González, lo cual, confirma que la procuración de justicia no funciona como debiera. Son ya siete meses y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí mantiene su empeño por evadir sus responsabilidades.

Las investigaciones del Ministerio Público enfrentan el difícil escollo que representa la estrategia de dilación instrumentada desde la Universidad. Les interesa doblar a la familia de Diego, quieren que el olvido los aplaste y que no quede rastro de Diego en la memoria colectiva.

Ante esa estrategia del todo vil, la familia de Diego se presentará en la sesión ordinaria del Congreso del Estado y hará una denuncia pública sobre la tardanza por parte de la Procuraduría General de Justicia para resolver el caso.

 

Hace un par de meses, el procurador Federico Garza Herrera había prometido que precisamente en dos meses estaría concluida la investigación y que incluso, se haría una reconstrucción del hecho utilizando un robot.

De eso no se sabe nada, pero lo cierto es que el Procurador ha fallado, que no ha cumplido y que no tienen aún concluido el caso del menor de doce años ahogado en el parque acuático “Woow” organizado por la UASLP en su Camping de Verano 2015.

 

En una actitud de desmesura y hasta irresponsabilidad, la Universidad ha obligado al Ministerio Público a que cite a declarar una y otra vez a niños que estuvieron presentes el día de los hechos. El propósito, evidentemente ruin, es lograr que los menores declaren a favor de la Universidad y en su caso, que den marcha atrás a las primeras versiones que dieron en el sentido de que se pidió auxilio para Diego y nadie del personal de la UASLP fue en su ayuda.

 

Es del todo injusto.

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos encontró responsabilidades de autoridades en la muerte de Diego, pero solo a nivel municipal. En el expediente, ni una sola línea para la UASLP pese a que ellos fueron los que llevaron a Diego al lugar donde perdió la vida.

Está en espera una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual es muy importante, pero igual de importante que la PGJE ya concluya una investigación que tras siete meses no se ha logrado terminar.

 

La tardanza mete duda, despierta suspicacia, hace sospechar y alienta el pesado lastre de la impunidad.

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