Durante el último lustro, en las cárceles del país ha habido riñas convertidas en auténticas matanzas. 174 muertos en siete combates violentos entre reclusos. La última pelea callejera, la del miércoles por la noche y madrugada del jueves en Topo Chico, Nuevo León, fue la de La Pila en San Luis Potosí.

 

En ocasiones, cuando en otros lugares suceden grandes desgracias, necesariamente tenemos que voltear la vista a nuestra propia tierra para reconocer que a nosotros también nos han ocurrido.

Es tal la fragilidad del sistema penitenciario nacional que cuando menos se piensa ya ha estallado una violencia mortal. En las cárceles, las riñas son a matar no se andan con miramientos ni nadie se tienta el corazón. En encierro los hace más crueles, más despiadados.

 

Hace apenas unas semanas, en La Pila hubo un motín de varios días y antes de ese hubo otros más, antes y después de los sucesos de 2013 que dejaron 13 reos muertos. El Gobierno del Estado nunca ha atinado en nada para aliviar los puntos de riesgo en la Penitenciaría del Estado.

Luego entonces si acaba de ocurrir en Topo Chico con saldo fatal de 52 muertos, nadie asegura que no pueda suceder lo mismo en San Luis. Así de malos augurios despierta el sistema penitenciario nacional, tan corrupto y deficiente.

 

Siempre es la misma historia: se enfrentan grupos liderados por delincuentes que forman grupos de gobierno propio, se enfrentan por el poder y el control de las instalaciones que, se supone, están bajo control de las autoridades. Así fue en Topo Chico y así fue en La Pila.

También, en ambos reclusorios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que hay constantes violaciones a los derechos de los internos y que hay gobierno interno. Tampoco eso es nuevo, eso ha prevalecido por años.

Vale la pena recordarlo. De los hechos violentos de La Pila en 2013, el entonces gobierno de Fernando Toranzo se tardó un año para dar respuesta parcial a las recomendaciones que tras los hechos, emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de ese tamaño ha sido la irresponsabilidad institucional.

 

Periódicamente, las autoridades de la cárcel y del gobierno difunden alguna información de lo que hacen tras las rejas los reos. Dicen que les dan empleo, que les dan educación, que mejora la seguridad y la atención médica y alimentaria, que no hay sobrepoblación, en fin, que todo va bien.

Entre tanto, se esconde lo que realmente ocurre intramuros. No se sabe hasta donde llega el poderío del gobierno interno de los reos ni se sabe cuando explotarán los ánimos para dar paso a una nueva matanza. No se sabe.