El 21 de noviembre de 2015, gobierno del estado dio a conocer que solicitó formalmente a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios de la entidad. Hoy es 28 de marzo y no hay respuesta de la federación y la autoridad local espera con una desesperante paciencia a que la SEGOB diga algo respecto de una situación tan alarmante.
Como se podrá recordar, el día once de noviembre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos sugirió al gobierno de Juan Manuel Carreras López atender los datos incluidos en un informe especial sobre la violencia contra las mujeres
El Informe Especial Sobre la Situación de Respeto a los Derechos Humanos de la Mujer, concluyó como muy necesaria la declaratoria de Alerta de Género, dado que en el periodo de 2011 a 2015 se habían registrado en la entidad 124 homicidios de mujeres,
De esos 124 casos, la Procuraduría General de Justicia, solamente había documentado doce en los que se ha detenido a los responsables y se ha llegado hasta la conclusión legal con la aplicación de la sentencia por parte de un juez. Promedio ridículo que muestra por enésima vez la ineficiencia del procurador Federico Garza Herrera.
La CEDH reveló en el Informe que la Procuraduría no se apega a los protocolos legales y aunque se trata de feminicidios, los cataloga como muertes violentas, por eso, de las 124 muertes violentas, solo 37 fueron clasificados como feminicidio.
La mayor parte de las mujeres asesinadas tienen una edad de entre 25 y 35 años, mientras que la mayor parte de los casos se han presentado en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamuín, Ciudad Valles y Tamazunchale.
Hace unos días, el secretario general de gobierno, Alejandro Leal, declaró a los medios que no se sabe para cuando la Secretaría de Gobernación tendrá una respuesta a la solicitud de Declaratoria de Alerta de Género. Lo único que sabe el Secretario es que no sabe nada del tema.
Para no perder la costumbre, dijo que por lo pronto el gobierno ya está trabajando a través de una Mesa de Feminicidios con el propósito de estar listos para cuando la federación resuelva. El problema es que esa mesa acaso apenas se ha reunido una o dos veces y más bien con carácter protocolario.
Pero en el colmo, ahora resulta que no hay apuro por la declaratoria toda vez que San Luis Potosí es una de las siete entidades del país con menor tasa de feminicidios. Un burócrata de la SEGOB de nombre Pablo Navarrete aseguró que San Luis Potosí se ubica en la posición 26 en incidencia de crímenes contra las mujeres.
Se apuró para afirmar que la petición de Alerta solicitada por el gobierno potosino es gracias a la “sensibilidad” del mandatario y no porque la estadística lo exija. Vaya con esos funcionarios oficiosos y aduladores, por eso México es un país de alto riesgo para la mujer.
